Redacción.
Me llamo Antonio Fornieles, español de 75 años residente en Uruguay. En 2001 contraté a una mujer de servicio para mi casa en Llavaneres. Cobró su salario con seguridad social, y se despidió en 2009. Iniciamos una relación estrictamente sexual. En 2003 delegué las funciones directivas de mis empresas, por mis graves problemas de salud. La empleada, sin saber de mis negocios inmobiliarios en Catalunya, llevó en 3 o 4 ocasiones un sobre con documentos desde mi cercana oficina a mi domicilio, estando yo en cama. En 2006 fuimos de viaje a Uruguay, de donde era oriunda, y compré un campo con vivienda, que me ayudó a superar mis enfermedades. A los 58 años no podía caminar 100 metros ni hablar 10 minutos. Desde 2006 invertí 5 Millones 340 mil USD propios y 4 Millones 500 mil de hipoteca en campos para explotación ganadera, sólo se vendió una parcela por contaminación suina en 50.000 USD sin beneficio. Se perdieron 874.869 USD en el periodo, con certificado de la DGI (Hacienda) y auditoría que lo acredita. En 2007 la aparté por conflictiva, en 2008 se acabó la relación, y en 2009 se despidió. En 2011 la Jueza de Violencia de género de Mataró desestimó íntegramente su demanda, que incluía amenazas de muerte. En 2012 la Audiencia de Barcelona dictó sentencia; que mis empresas uruguayas ganaron 21,392.673 € (35 veces las pérdidas) y me adjudicaron directamente los beneficios, sin repartirse dividendos. Habla de Sociedad irregular de naturaleza Mercantil respecto de algunos de los negocios, de persona bien relacionada e importante por ser Diplomada en Agricultura, cuyo título no existe en la Facultad de Agronomía, y otras vergüenzas. La relación con mis hijos fue inexistente y mala.
En 2016 murió mi abogado, y contacté con el Magistrado al que conocí en 1995 por medio de una amiga común. Me insistió en disponer de abogado. Contraté a un famoso abogado de Barcelona y le puse al corriente de mis conversaciones con el Magistrado, con el que crucé correos y llamadas durante 3 años. Tenía que presentar Revisión de la sentencia, previo mi visto bueno, acompañando la ilicitud de pruebas bancarias obtenidas en Uruguay penadas con cárcel, y el documento de pérdidas que le proporcioné. Por contra presentó documento telemático que fue inadmitido, con datos falsos del procurador quien me confirmó estar de baja desde 2014, sin aportar las pruebas. ¿Recibió Instrucciones del Magistrado? Por ahorrarse 300 € cometió un delito, e hizo prescribir el plazo de 5 años de la Revisión. Se hizo la denuncia correspondiente, y el Magistrado por prevaricación. Se han agotado los recursos en Barcelona. Algunas de las frases del Magistrado por correo: «He localizado la sentencia a la que ud se refiere, y veo que en ella explicamos de forma pormenorizada los razonamientos jurídicos de la decisión adoptada. Le puedo asegurar que la decisión sobre este caso fue muy debatida y fundamentada. Como todo en esta vida, a veces a los jueces no nos llega toda la verdad. Por lo que he visto en el expediente, la sentencia no fue recurrida en casación en su día». Tengo copia del recurso de casación, y otras acciones posteriores. ¿Desapareció parte del expediente como en Uruguay? En su último correo habla de la entrevista con mi abogado, que estoy en buenas manos, que he tenido mala suerte, y el asunto no lo ve tan grave como digo. Que mi abogado tiene toda la razón que la condena es personal y no contra las sociedades. El mecanismo de ejecutar las acciones, nunca he visto que llegue a buen puerto, seguro que todo irá bien, y otros muchos comentarios. Me han ejecutado las acciones en Uruguay, después de perder todo mi patrimonio en España.