Mike Sala.
Que una república, ahora más bien una gran parte de ella formada por ciudadanos, algunos medios de comunicación, juristas, abogados, legisladores y políticos, denuncie públicamente que su proceso electoral está corrupto, que una parte importante de su clase política es igual de corrupta, y que hay instancias del Estado que trabajan contra la ciudadanía y la Constitución, es algo que, como decían nuestros mayores, “solo le puede pasar a los americanos”. Generalmente tal frase era más bien despectiva, con ese desprecio tradicional que los españoles han sentido siempre hacia Estados Unidos o cualquier otra nación que haya sido y sea más próspera que la nuestra. De la envidia hemos hecho deporte, de la insidia hemos hecho cátedra, y a la indiferencia y el conformismo los hemos convertido en religión.
Pero la grandeza de una república, como está sucediendo ahora en Estados Unidos, también se mide por la forma en la que los propios ciudadanos y sus representantes se enfrentan a la corrupción interna. Y lo que aquí no vemos ni por asomo, allá se convierte en ejercicio moralmente obligado para quienes ponen pie en pared y se enfrentan decididamente al poder corrupto.
La ex Fiscal General Sidney Powell no parece dispuesta a cerrar la caja de los truenos que en su día abrió para “soltar al kraken”. En una entrevista reciente en Trinity Broadcasting Network declaró sin ambages que en Estados Unidos no han existido elecciones limpias desde hace tiempo, que las elecciones han sido manipuladas exactamente igual que lo han sido en países del tercer mundo, que la CIA podría estar implicada en la creación de sistemas de recuento fraudulento de votos, y que personas muy ricas e influyentes y empresas de comunicación también estarían detrás de éste y otros fraudes electorales. Powell continuó diciendo que el pueblo americano mayoritariamente votó a Trump en 2016 para que un nuevo gobierno trabajara en “drenar y limpiar el pantano” en una clara alusión a las intenciones de Donald Trump de exponer a la luz la corrupción del sistema y de quienes lo parasitan. Y aseguró que se han recopilado suficientes datos como para demostrar que Estados Unidos no tiene, ni por asomo, esa tendencia azul (en referencia al color del Partido Demócrata) que los fraudulentos resultados electorales han presentado.
La demanda que el Fiscal General del Estado de Texas presentó contra Michigan, Georgia, Pennsylvania y Wisconsin sigue sumando apoyos. A última hora de la tarde de ayer, en horario de costa este de Estados Unidos, el total de adhesiones era de 17 estados: Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, South Carolina, Tennessee, Utah y West Virginia. Sin embargo, ante la llamada de algunos republicanos dirigida a la ciudadanía para insistir en que esto ya no debería ser una guerra entre republicanos y demócratas, sino entre norteamericanos y corruptos extranjeros e internos que quieren apoderarse del sistema, algunos representantes demócratas siguen amenazando a los votantes de Trump, como es el caso de la representante demócrata del Estado de Georgia, Cyntia Johnson, que llama a la violencia contra los republicanos. Si lo pensamos detenidamente, en realidad Johnson no hace otra cosa que seguir las directrices sugeridas por la perturbada Ocasio Cortez, congresista demócrata que pocos días después de las elecciones presidenciales anunció que durante el gobierno de Joe Biden se deberían elaborar listas con aquellos que, de un modo u otro, hubieran colaborado con Donald Trump durante los últimos 4 años.