Javier Marzal. Chair of the International Association to Change the World.
La corrupción está definida internacionalmente como abuso de poder. La mayoría de la gente cree que la corrupción sólo se produce cuando alguien se beneficia económicamente por intermediar, especialmente en asuntos públicos.
El prefacio de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés), firmada en 2003, comienza con el siguiente párrafo: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres”. En el prefacio también se dice: “Por consiguiente, mucho me complace que dispongamos ahora de un nuevo instrumento para hacer frente a este flagelo a escala mundial”.
La UNCAC no ha servido para acabar con la corrupción, porque ésta es el negocio más lucrativo del mundo. En 2018, según la ONU la corrupción suponía el 5% del PIB mundial; un 4,8% en la Unión Europea, según ésta, y un 8% en España, también según la UE. En el mundo y en la Unión Europea, la corrupción gana más dinero que todos los empresarios juntos o que todo el sistema financiero. Esto es posible porque las instituciones tienen como prioridad la corrupción. A la vista de los resultados, cabe pensar que Naciones Unidas, la Unión Europea y los gobernantes han hecho público que la corrupción afecta a todos los países del mundo, para que las masas acepten que es normal.
Como afirma Naciones Unidas, la corrupción “distorsiona los mercados”. Efectivamente, la corrupción destruye las reglas del mercado, especialmente las relacionadas con la competencia y la innovación, porque beneficia a unas empresas y sectores de actividad económica, en perjuicio de las demás.
Actualmente, esta distorsión es enorme debido al alto volumen de la corrupción. Si las comisiones corruptas fueran de un 20% de las operaciones, según los referidos datos, la corrupción afectaría a un 25% del PIB mundial que corresponde a ese 20% del 5% del PIB, a un 24% en el caso de la Unión Europea y a un 40% en España.
La corrupción legislativa y, sobre todo, la corrupción gubernamental (ejecutiva), han corrompido más aún la economía, especialmente mediante las políticas económicas y monetarias, impulsando el gigantismo financiero para crear una economía financiarizada con empresas zombies. De esta forma, los gobiernos han puesto la economía en manos del sistema financiero, a la vez que han hecho quebrar a éste, por lo que pueden manejarlo a su antojo. En otras palabras, el sector empresarial está en manos del sistema financiero y éste está en manos de los gobiernos.
En el Foro Económico Mundial 2019 los profesores Petroulakis (BCE) y Andrews (OCDE) declararon que “el problema de productividad de Europa se debe en parte al aumento de empresas zombies que desplazan las oportunidades de crecimiento para otros”. Resulta revelador que dos economistas de estos dos organismos internacionales asuman que el neointervencionismo europeo está destruyendo la economía, dificultando la innovación y empobreciendo a toda la población.
Si añadimos a las cifras de corrupción citadas, el efecto de la corrupción por zombificación de la economía, podemos entender que se hable de resetear la economía como única salida.
Otro enorme factor de distorsión económica, es el gasto público. Oficialmente el gasto público supuso un 47,1 % del PIB en la Unión Europea, un 35,14% en Estados Unidos y un 41,90% en España, aunque otras fuentes lo sitúan por encima del 50%. La mayor parte de los servicios públicos son de “no mercado” porque actúan en régimen de monopolio. Cabe decir que los monopolios están perseguidos en la mayoría de los países porque perjudican al consumidor, por baja calidad o por altos precios. Los propios legisladores establecen que los servicios públicos son caros y malos. La Unión Europea, en su análisis de 10 años de privatizaciones, fue más lejos al afirmar que, las privatizaciones tuvieron como resultado la bajada de los precios, el aumento de la calidad, un mayor número de servicios y más empleo.
La corrupción del macro-Estado no termina con todo lo antedicho, sino que durante todo el siglo 21, los países ricos no han dejado de aumentar su deuda pública, superando el 60% del PIB, que la Unión Europea estableció como límite para no comprometer el nivel de vida de las generaciones presentes y futuras. A finales de 2019, la mayoría de las grandes economías estaban más cerca de doblar ese empobrecedor límite que de ese 60%. Es fácil inferir que toda la deuda pública es dinero que han robado las autoridades públicas, especialmente los políticos. La deuda pública, no sólo endeuda a todas las personas sino que afecta negativamente a la economía porque retrae recursos a las empresas, crea inestabilidad en el sistema financiero y es inflacionista, aumentando los precios. En definitiva, la deuda pública es otro elemento empobrecedor.
El macro-Estado distorsiona el mercado convirtiéndose en el principal cliente de la mayoría de los sectores de actividad económica, impulsando, como concluyó la Unión Europea, productos (bienes y servicios) de baja calidad y a bajo precio, así como disminuyendo la creación de empleo y de riqueza, es decir, empobreciendo a la población. En cuanto a los sectores donde hay servicios públicos (educación, sanidad, etc.), el macro-Estado imposibilita la competencia, salvo de forma residual. Además se obliga a que sean sectores perjudiciales. La educación reglada indoctrina, radicaliza, deshumaniza e idiotiza y los servicios sanitarios perjudican la salud y crean enfermos crónicos, en ambos casos como mecanismos de control social.
Suele decirse acertadamente, que antes las empresas tenían especialistas en su negocio y ahora tienen abogados para beneficiarse de la corrupción, sobre todo institucional, y para defenderse de los abusos institucionales. Este es otro efecto de la institucionalización de la economía y del sector empresarial.
Es evidente que la existencia del macro-Estado es el resultado de la corrupción de los tres poderes públicos, porque cualquiera de ellos podría acabar con él, y de los organismos internacionales, porque el macro-Estado concentra la mayor corrupción de la historia y perjudica el interés general.
Además, de anular el poder empresarial como contrapoder de las instituciones, el macro-Estado ha hecho lo mismo con el poder mediático. Es público y notorio que los medios de comunicación están institucionalizados, es decir, que no actúan como contrapoder de las instituciones, sino que defienden más la corrupción institucional que el bienestar general, manipulando u ocultando las noticias. Por ello, suelen denominarse medios de desinformación y han creado, junto con las instituciones, la post-verdad.
Lo mismo cabe decir de otros contrapoderes como el sector social (asociaciones) y las profesiones liberales.
El sector social en la Unión Europea tiene como principal fuente de financiación las subvenciones públicas y los colegios profesionales también cuentan con una gran parte de financiación publica, por lo que ninguna actúa como contrapoder.
Tanto en las propias instituciones como en los contrapoderes, las autoridades públicas utilizan el premio y el castigo para corromper los contrapoderes. Se premia mediante ascensos a las propias autoridades públicas corruptas y mediante subvenciones a las organizaciones de los contrapoderes. Además, se castiga administrativa, policial y judicialmente a quienes se oponen al autoritarismo y a la corrupción.
Los abogados no se oponen a la corrupción judicial porque sus propios colegios profesionales les inhabilitan o los jueces les condenan penalmente. Como dijo el ex juez español Elpidio: “la corrupción judicial es la madre de la corrupción”, es evidente que sin una corrupción judicial sistémica (no de algunos jueces) no sería posible todo lo que se describe en este escrito.
Con el coronavirus, hemos visto la corrupción médica y científica que algunos califican como genocidio. Resulta muy peligroso que las asociaciones y colegios médicos hayan apoyado las falsedades de la versión oficial del coronavirus, sabiendo que iba a conducir a la muerte a decenas o cientos de miles de personas y a perjudicar la salud a la mayor parte de la población. Cabe felicitar al movimiento social de Médicos por la verdad, creado en Alemania por unos cientos de médicos y secundado por miles de médicos en otros países.
El coronavirus también ha puesto en evidencia la corrupción policial que ha atentado contra la libertad, cumpliendo leyes y órdenes corruptas. Igualmente, cabe felicitar a los policías españoles que han creado el movimiento social Policías por la libertad, a pesar de las represalias habituales a los policías que defienden la legalidad frente a la habitual corrupción de sus mandos.
Por su parte, la abogacía no ha defendido ni siquiera los derechos fundamentales.
Por último o en primer lugar, pasa lo mismo en el mundo de las ideas. Las instituciones y los medios reconocen como intelectuales a quienes defienden a las instituciones o al establishment, cuando precisamente esta institucionalización es una prueba de la falta de librepensamiento que es la condición básica para la intelectualidad. Se confunde intencionadamente la especialización con la intelectualidad. Incluso se considera intelectual a todo aquel que tiene un número importante de seguidores, incluyendo a los artistas.
La corrupción ha institucionalizado toda la sociedad, eliminando todo tipo de libertad individual, organizacional y de mercado, para crear un mundo de esclavos.
La consecuencia ha sido la decadencia: más de un millón de suicidios anuales, la corrupción como negocio más rentable y las actuales generaciones de jóvenes viven peor que la de sus padres, en todos los países de la Unión Europea (informe “PROYECTO EUROPA 2030. Retos y oportunidades”).
Cada vez hay más personas y organizaciones que abogamos por una Era post-democracia.