Javier Marzal. Presidente de la International Association to Change the World.
La Unión Europea es una organización de origen intergubernamental fundada en 1993 que se basa en la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales.
Precisamente la defensa a ultranza de las instituciones democráticas, ha llevado a la Unión Europea a su decadencia (documento Europa: Proyecto 2030) y ahora a temer por su propia supervivencia, por la Crisis del coronavirus y el gigantesco rescate aprobado para hacerla frente.
El mayor problema en la Unión Europea es la corrupción y, por eso, los gobernantes de los países miembros (Consejo de Europa), crearon los principales instrumentos para combatirla en 1999: dos convenios y el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO).
El GRECO estudia los organismos nacionales contra la corrupción, el marco legal, el funcionamiento parlamentario y el sistema judicial, así como la financiación de los partidos políticos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), juzgan las violaciones del derecho comunitario.
Los Eurobarómetros son encuestas periódicas que analizan ciertos aspectos en todos los países miembros, incluyendo la corrupción.
A pesar de tener los instrumentos para acabar con la corrupción, en 2018 la corrupción alcanzaba el 4,8% del PIB, según la UE, convirtiéndose en el negocio más rentable. España lideraba la Europa occidental con casi el 8% del PIB.
El 17.7.2019, se publica la COM(2019) 343 final que tiene el título: “Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión. Propuesta de actuación”. Es un documento esencial, porque pide a los gobernantes que se impliquen para combatir la corrupción judicial en los otros países. El ex juez español Elpidio dijo que “la corrupción judicial es la madre de la corrupción”; es evidente que sin la corrupción de los jueces no seria posible la corrupción sistémica.
El 8 de abril de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, suspendió por corrupción la actividad disciplinaria contra los jueces, en el Tribunal Supremo de Polonia.
Después de remontar la Crisis internacional de 2008, países como Bélgica, España, Francia e Italia, siguieron aumentando su deuda pública, superando a finales de 2019 en más del 50% el limite del 60% del PIB, establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PAC). 13 países superaban este límite y Alemania, por primera vez desde 2003, no llegaba por dos décimas. El PAC (1997) es un instrumento para limitar la corrupción institucional y el populismo, pero nunca se ha aplicado con seriedad, igual que el resto de los instrumentos contra la corrupción.
Cabe decir que la mayoría de esa enorme deuda pública, es dinero que han malversado las autoridades públicas, sobre todo los políticos.
En este contexto y al inicio de las negociaciones del rescate contra la macro-depresión del coronavirus, el Ministro de Economía de los Países Bajos pidió que se investigara la causa de la inmensa deuda pública de los países de Europa del Sur.
En julio de 2020, se acordaron las cantidades del rescate, pero no se ha puesto en marcha porque el Estado de Derecho (los jueces) español y de muchos otros países, no garantiza que los políticos no malversen el dinero europeo.
El 28 de septiembre de 2020 empezó a funcionar la Fiscalía Europea, para investigar el fraude y la corrupción con fondos europeos, creada en 2017 por el Consejo de Europa. Esta Fiscalía nace sin credibilidad, porque los fiscales son propuestos por los Gobiernos, es decir, por quienes cometen la corrupción y el fraude; además, probablemente en el futuro, el destino de estos fiscales dependa de sus corruptos políticos, por lo que no se enfrentarán a éstos. Los políticos crean el problema y tenemos que pagar con nuestros impuestos las estructuras para controlar el problema, aumentando la confiscación y la corrupción. Así es la Unión Europea de los políticos.
El 30 de septiembre de 2020, la Unión Europea publicó un informe sobre la corrupción judicial en cada país miembro, basado en el trabajo del GRECO, sin tener en cuenta la documentación de los tribunales europeos ni las denuncias por corrupción judicial remitidas por los europeos a la Comisión Europea. En definitiva, un informe que oculta la realidad y del que ya se han quejado países como Hungría y Polonia.
El 7 de octubre de 2020, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el establecimiento de un Mecanismo de la UE sobre democracia, Estado de derecho y derechos fundamentales. Anualmente publicará un informe al respecto, que servirá como base para suspender o reducir los fondos europeos del coronavirus a cada país miembro. Han aprobado una resolución para realizar un informe que ya se había publicado.
Esta resolución está avalada por los europeos, porque según el Eurobarómetro de 2019, al menos el 85% de los ciudadanos de toda la UE considera “esencial” o “importante” cada uno de los diferentes aspectos del Estado de derecho. Un sondeo de octubre de 2020, destaca que el 77% de los europeos respalda la idea de conceder fondos de la UE a los Estados miembros, bajo la condición de que el Gobierno del país respete el Estado de derecho y los principios democráticos, es decir, no malverse ese dinero o lo destine al capitalismo de amigos.
El 5 de noviembre se llegó a un acuerdo provisional “para establecer un mecanismo que permita la suspensión o reducción de fondos europeos cuando se produzcan violaciones del Estado de derecho”. Este mecanismo debe ratificarse en el Parlamento y queda pendiente el reglamento del fondo, incluyendo la vuelta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento que el grupo socialista europeo está pretendiendo eliminar.
Ese acuerdo constituiría una vez más, un delito de prevaricación legislativa porque es evidente que la Unión Europea, a pesar de su afán recaudatorio, no puede limitar las ayudas porque perjudicaría la economía del país miembro y por tanto, de toda la UE. Además, las suspensiones o reducciones constituirían un delito de prevaricación y otro delito de encubrimiento, porque es evidente que las violaciones del Estado de derecho deberían ser condenadas penalmente. Igualmente el castigo a todos los ciudadanos con sanciones que se pagan con dinero público, es una prevaricación que tiene el atenuante de que los votantes tienen culpa por elegir a gobernantes corruptos.
La Unión Europea tiene que eliminar esta orientación mercantilista, por la que entiende las instituciones como un negocio y sancionar duramente a los jueces corruptos y a los malversadores.
El 18 de noviembre de 2020, el primer Ministro polaco comparó a la Unión Europea con el régimen comunista.
La macro-depresión del corona virus supone una amenaza real para la supervivencia de la Unión Europea, siendo lo más probable su desintegración, siguiendo los pasos de la URSS y por razones muy similares: corrupción e institucionalización de la economía (financiarización y zombificación) y de la sociedad (medios, asociaciones y abogacía).
La peligrosa situación actual ha dejado en evidencia que las instituciones del macro-Estado ni siquiera cumplen sus propias leyes, siendo parte de un régimen de totalitarismo autoritario, cuyo neointervencionismo ha desembocado en un neocomunismo que es la causa de la decadencia. Por este motivo, a las instituciones del macro-Estado las denominamos metamafia.