Alfonso Grau.
El alcalde de Galapagar ha acudido está mañana a la cita en el Juzgado de Paz, para una conciliación previa a una querella por un presunto delito de calumnias hacia los asistentes a las reuniones legales en la zona de la mansión del líder de la extremaizquierda, Pablo Iglesias, al acusarles, en un manifiesto en septiembre, de un delito de acoso y otro de incitación al odio.
El alcalde, Alberto Gómez, que debe de estar o muy mal asesorado o nada informado de que varios juzgados ya se han pronunciado en que no hay delito de acoso ni mucho menos incitación al odio. Pero lo más grave es que es firme tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia de Cristina Gómez.
Este alcalde, que ni siquiera utilizó el comodín del «presunto», se ha ratificado en lo dicho en el manifiesto hoy en el Juzgado de Paz, alegando que solo era el que leía algo de varios grupos municipales, cuando es algo que no le excluye de responsabilidad penal, máxime cuando ese Ayuntamiento tiene un asesor jurídico. Ya sabe, señor doctor, Ignorantia facti, non iuris excusatur.
No, señor Alberto Gómez, usted es responsable único y final de lo ocurrido, porque debió negarse a leer esas acusaciones líquidas o, al menos, debió de tener la decencia y buen gusto de tratar las acusaciones como presuntas, ya que en ese momento existían sentencias en primera instancia que no veían esos delitos de acoso e incitación al odio.
La querella ya le adelantamos que no es un farol y que se le va a interponer en breve. Se juega usted una imputación y una condena que podría llegar a ser la inhabilitación.
Y este, vecinos de Galapagar, es el respeto del equipo de Gobierno hacia los derechos de unos vecinos, al insistir en una acusación de la que la Audiencia Provincial de Madrid ya se ha pronunciado y es firme. Menos mal que no existen las checas, porque, de existir, estos vecinos lo habrían tenido jodido.
¿Torpeza, ego o solo falta de nivel? En unos meses lo veremos cuando sea el juicio.