Redacción.
Hoy, nuestro Presidente, Javier Marzal, ha remitido dos solicitudes al Ministro de Justicia, reclamando indemnizaciones por las represalias sufridas por denunciar corrupción judicial, administrativa y de varios miembros de los dos últimos Presidentes de Gobierno.
La primera se refiere a dos casos que acreditan que tenemos un régimen autoritario. El primero de los casos son las represalias penales conjuntas del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Fiscal Superior de Cantabria y varios jueces de Santander, por haber denunciado en España y ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, el genocidio de la Seguridad Social contra más de 200.000 trabajadores del mar (reconocidos 135.225 en el BOE), a quienes se ha falseado su vida laboral para retrasar sus pensiones. Como les informamos el 08/07/2020, hemos pedido la intervención del actual Ministro de la Seguridad Social para acabar con este genocidio, pero no hemos recibido respuesta, a diferencia de uno de sus antecesores que si nos respondió aunque no acabo con esta trama.
El segundo de los casos, forma parte de la denuncia de la alianza de DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL contra 63 jueces, concretamente por el caso de Madrid contra una viuda con una discapacidad de un 65% de origen mental, a la que arruinaron y tuvo que ser ingresada en un psiquiátrico, por el dolor causado por la prevaricación de unas 15 autoridades judiciales. Forma parte de las represalias judiciales penales contra los dirigentes y abogados del sector social (asociaciones) y, por tanto, contra la democracia y contra toda la sociedad, según la documentación de la Unión Europea.
Ambos casos fueron denunciados ante la Comisión Fiscal de la Fiscalía General del Estado y ante el Comité Contra la Tortura de la ONU. Esta última denuncia fue remitida a varias asociaciones internacionales y al gobierno de países de varios continentes, solicitándoles su intervención en la ONU.
El segundo escrito se refiere a las represalias penales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por interponer una querella contra 3 jueces de Arganda del Rey (Madrid) y cuatro magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, confabulados para encubrir los delitos cometidos contra dos denunciantes de corrupción policial, judicial, médica y hospitalaria.
Ambos escritos se basan en las normas europeas y de la ONU contra la corrupción, que desde 1999 prohíben las represalias contra los denunciantes de corrupción, obligando a indemnizarlas.
Los sucesivos gobiernos y legisladores no han traspuesto estas normas al derecho español, aunque están en vigor, por lo que pedimos que se eleven al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que juzgue estas violaciones del derecho comunitario.
En la primera se solicita una indemnización de cinco millones de euros que será destinada íntegramente a la lucha contra la corrupción judicial que es el cáncer de la democracia y nos ha llevado a esta peligrosísima situación de corrupción generalizada y de decadencia. Además se solicitan cien mil euros para reclamar las responsabilidades penales a todos los participantes y la condena en costas.
En la segunda se solicita una indemnización de ciento quince mil euros que será destinada íntegramente a la lucha contra la corrupción judicial que es el cáncer de la democracia y nos ha llevado a esta peligrosísima situación de corrupción generalizada y de decadencia. Además se solicitan quince mil euros para reclamar las responsabilidades penales a todos los participantes y la condena en costas.
Estas dos solicitudes forman parte de nuestra estrategia de llevar a la Unión Europea varios casos para que tengan acreditado el verdadero problema de España que es la corrupción institucional. Complementan otros casos, como el de un Policía Nacional, un Policía Local y otro funcionario que también han sufrido represalias por denunciar corrupción.
Cuantas más víctimas de la corrupción utilicen esta estrategia, será más posible acabar con este problema institucional troncal, antes de que la corrupción nos lleve a una situación aún peor que la existente. La corrupción (8% del PIB, según Eurostat) más la macro-Depresión del coronavirus, nos está llevando a una situación crítica, con consecuencias impredecibles, sin que se pueda descartar que la Unión Europea siga los pasos de la URSS y se desintegre por corrupción.