Redacción.
Nuestro Presidente, Javier Marzal ha presentado otra queja contra una jueza de Santander (Cantabria), solicitando que sea juzgada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La queja se basa en la situación de corrupción judicial sistémica (global), acreditada en el escrito con varias encuestas y varios casos concretos (incluyendo dos recientes sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo), en que nunca se ha sancionado disciplinariamente a un juez cuando el procedimiento es una represalia por denunciar corrupción, en la reciente suspensión de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia, en numerosas normas europeas contra la corrupción y sobre la responsabilidad de la independencia de los jueces, así como en varias sentencias de dos tribunales europeos: Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se han vulnerado.
En la queja se dice lo siguiente:
El procedimiento de la actuación de esta corrupta jueza, es una represalia de la metamafia judicial cántabra, por denunciar a la corrupta Directora Provincial del INSS y de la TGSS en Santander.
La actuación de esta Directora Provincial forma parte de una trama de la metamafia de dos organismos de la Seguridad Social: el Instituto Social de la Marina (ISM) y el INSS. Según he denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado y ante el Comité contra la Tortura de la ONU, el capo del ISM, Luis Casqueiro, ha creado un programa informático que falsifica la vida laboral de los trabajadores del mar, para retrasar su jubilación. En la memoria anual del ISM se reconoce que esta falsificación afectaba a 135.225 trabajadores. El propio capo del ISM reconoce que el trabajo del mar es el que tiene mayor índice de accidentes mortales, pero no hay estadísticas sobre el número de victimas de este genocidio.
En esta situación institucional histórica, varios juristas y asociaciones estamos promoviendo que la Unión Europea intervenga el sistema judicial español dada la situación de corrupción sistémica, impulsada por los altos tribunales, el CGPJ, el Ministerio Fiscal y los políticos, sucesivos legisladores y Gobiernos.
Con la queja de hoy, ANVIPED mejora su nueva estrategia que consiste en que se juzguen los casos relacionados con la corrupción en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre otras cosas porque no existen jueces independientes en España ni organismo competente para aplicar la normativa europea contra la corrupción, por falta de trasposición de las normas desde 1999.
Cuantas más víctimas de la corrupción utilicen esta estrategia, será más posible acabar con este problema institucional troncal, antes de que la corrupción nos lleve a una situación aún peor que la existente. La corrupción (8% del PIB, según Eurostat) más la Gran Depresión del coronavirus, nos está llevando a una situación crítica, con consecuencias impredecibles, sin que se pueda descartar que la Unión Europea siga los pasos de la URSS y se desintegre por corrupción,