Redacción.
Por quinta vez, al amparo de varias normas europeas contra la corrupción, nuestro Presidente ha solicitado a la Unión Europa, a través del Ministro de Justicia español, una indemnización por la corrupta intervención de 13 autoridades judiciales para encubrir las actuaciones criminales de cinco oficiales de la Guardia Civil y de varios agentes.
Los destacamentos policiales involucrados son la Capitanía de Alcalá de Henares y los Puestos de Rivas-Vaciamadrid y de Arganda del Rey, todos ellos en la provincia de Madrid.
Han intervenido el Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid, el Juzgado Decano de Arganda del Rey (Madrid), el Juzgado de Instrucción nº 7 de Arganda y varias secciones de la Audiencia Provincial de Madrid, tras la recusación de más de la mitad de las secciones penales.
Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha suspendido la acción disciplinaria del Tribunal Supremo polaco contra los jueces. Dado el alto nivel de corrupción judicial y sus peligrosas consecuencias, la Unión Europea está empezando a exigir que los jueces cumplan la ley, ya que el funcionamiento del sistema judicial es una responsabilidad comunitaria. Incluso los países frugales pedían que no se ayudara a los países donde los jueces no cumplen la ley, como España e Italia.
En esta situación institucional histórica, varios juristas y asociaciones estamos promoviendo que la Unión Europea intervenga el sistema judicial español dada la situación de corrupción sistémica, impulsada por los altos tribunales, el CGPJ y los políticos, sucesivos legisladores y Gobiernos.
Desgraciadamente, numerosos juristas, víctimas de la corrupción y medios de comunicación están engañando a la población, respecto de que las normas europeas no pueden aplicarse porque no se han traspuesto, es decir, porque no se han desarrollado en leyes españolas.
Con la solicitud de hoy, ANVIPED empieza una nueva estrategia que consiste en exigir la remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en base a que no existe organismo competente en España para aplicar la normativa europea contra la corrupción, por falta de trasposición de las normas desde 1999. En el escrito buscamos solucionar este problema definitivamente, pidiendo que: “El TJUE deberá declarar que cuando no se ha traspuesto una norma europea y está en vigor, las cuestiones opcionales como las establecidas en el referido Considerando 99 de la Normativa (UE) 1937/2019, pasan a ser derechos de los ciudadanos porque, de lo contrario, se favorece las corruptas demoras y la falta de trasposición, especialmente en normas contra la corrupción. Cabe destacar que España no ha traspuesto ninguna norma europea de las referidas en este escrito, empezando la trasposición de la Normativa (UE) 1937/2019 en junio de 2020, con ocho meses de retraso y consumiendo la tercera parte de los dos años que tiene para trasponerla”.
Cuantas más víctimas de la corrupción utilicen nuestra estrategia, será más posible acabar con este problema institucional troncal, antes de que la corrupción nos lleve a una situación aún peor que la existente. La corrupción (8% del PIB, según Eurostat) más la Gran Depresión del coronavirus, nos está llevando a una situación crítica, con consecuencias impredecibles.