Josep Sansano.
La sombra de la corrupción planea sobre la Justicia de Elche. Tras la inexistente instrucción de la jueza Marta Alba Tenza, el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal número 1, del que es titular el polémico juez José Pascual Martín, ha tomado la fatal resolución de avalar a la jueza. Para Javier Marzal, presidente de ANVIPED, asociación que se encarga de la defensa de Enrique de Diego, «la resolución es totalmente descarada para favorecer al político. El Juzgado intenta engañar al juez para que no haga lo que se le ha pedido, que consiste en devolver el procedimiento para que se tome declaración a los testigos propuestos por la defensa de Rambla Libre».
En el recurso presentado se solicita que el letrado de la Administración de Justicia dé su nombre, porque entiende Javier Marzal, que «es habitual que los corruptos oculten su nombre para evitar represalias. Esta ocultación es una prueba de corrupción». Sería Ignacio Aguado el que tendría que dar explicaciones sobre la financiación ilegal de las elecciones municipales de 2015, cuando se obligó a los primeros de las listas a autofinanciarse su campaña, pero opina Javier Marzal que «vivimos en un país donde las autoridades públicas o semipúblicas, como los políticos sin cargo público, no asumen responsabilidades porque no pierden votos por ello. La mayoría de la población acepta la financiación ilegal de los partidos políticos».
La Justicia está al servicio de la corrupción y de rodillas ante ella de manera escandalosa y vergonzante, como en este caso el Juzgado de lo Penal número 1. Javier Marzal explica que «todas las autoridades públicas, incluyendo a los fiscales y a los jueces, tienen como prioridad defender un sector público corrupto y la Economía de la corrupción que es la actividad económica más grande, rentable y poderosa del país. En realidad, la querella del corrupto Aguado es la única agresión contra la libertad de expresión y la libertad de información en este asunto. Además, de cometerse un delito de coacciones a los fiscales y jueces que están tramitando este asunto de forma criminal».
Por su parte Enrique de Diego afirma «estar muy tranquilo con lo kafkiano de todo el proceso, porque voy a demostrar, gracias a ANVIPED, que le nivel de corrupción alcanza a todos los niveles judiciales y que habrá que generar la Justicia juzgando a los jueces y fiscales por tribunales populares. No hay un Estado de Derecho sino un Estado de deshecho que protege y ampara al político corrupto y represalia al denunciante. El artículo 20 de la Constitución es pisoteado para poner las togas llenas de mierda. Si alguien quería ser favorecido y ascender gracias a Ciudadanos, ese partido está en acelerado proceso de liquidación».