Redacción.
Al amparo de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha suspendido la actividad de la Sala disciplinaria contra jueces del Tribunal Supremo polaco, por los mismos motivos de corrupción, nuestro Presidente, Javier Marzal ha solicitado, en un recurso de apelación, que el TJUE declare la suspensión de los procedimientos penales por denuncia de jueces, hasta que el Gobierno asegure la independencia de los jueces implicados en todo el territorio nacional o, subsidiariamente, en Cantabria donde se apela.
Este asunto comenzó cuando Arturo Salas Villalba, Vocal de ANVIPED, denunció a la corrupta Eva Suarez Méndez, Directora Provincial del INSS, por prevaricación y falsedad documental, para retrasar su jubilación. Cabe recordarles que, en su momento, les informamos que nuestro Presidente ha denunciado esta trama corrupta que ha retrasado la jubilación a más de 200.000 trabajadores del mar -sin que haya estadísticas de las muertes causadas-, ante el Comité Fiscal de la Fiscalía General del Estado y ante el Comité contra la Tortura de la ONU.
El corrupto juez Luis Enrique García Delgado, encubrió a la referida Directora y por el contenido de varios escritos judiciales, el juez denunció al Vocal y a nuestro Presidente, violando la Sentencia del Caso Ravelo contra España, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta denuncia se hizo al amparo del totalitario artículo 215.1 del corrupto Código Penal de 2015 (en España nunca se ha condenado por prevaricación legislativa, como recoge extrañado el GRECO en sus informes).
El 23 de mayo de 2018, la corrupta Fiscal Superior de Cantabria interpuso querella contra nuestro Presidente por la referida denuncia del Juez., llevando el asunto el corrupto fiscal Enrique Sarabia Montalvo.
La instrucción de esta querella ha dado lugar a una celebración orgiástica de la metamafia judicial cántabra, mediante un tipo de malversación de caudales públicos que nunca ha sido condenada en España. De entrada se reparte la querella a la jueza Mercedes Compostizo Olarte, amiga del juez denunciante desde la Universidad, según ha afirmado ella misma. Además, han intervenido hasta la fecha los siguientes corruptos: juez Javier Amores Osuna, titular de otro Juzgado; (amiga del juez denunciante desde la Universidad según ha afirmado ella misma); dos actuaciones de los Magistrados de la Sección 3ª de la Audiencia provincial: Agustín Alonso Roca, Juan José Gómez de la Escalera y María Gallardo Monje; jueza Fernanda Figueroa Grau.
Este procedimiento simboliza la lucha entre el sector social no institucionalizado y la metamafia institucional.