Editorial.
Se ha reanudado el juicio contra el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, un juicio que nunca debió celebrarse y que en sí mismo es una injusticia, que muestra el nivel de supino deterioro alcanzado por la Administración de Justicia.
Es consecuencia de la venganza, por un lado de Zarzuela, donde el rey emérito nos avengüenza en Europa, donde es tildado de «gangster de serie B», no ha soportado que se sentara en el banquillo y se condenara a la infanta Cristina, por la defensa de la honradez de Manos Limpias, por otro, del juez Santiago Pedraz, haciendo pagar la inhabilitación de Baltasar Garzón.
Ambas venganzas confluyeron de manera injusta en la detención el 15 de abril de 2016 de Miguel Bernad, de manera sorpresiva pero sin que dejaran de estar informadas desde el Juzgado todas las televisiones, en una nauseabunda pena de telediario, y su ingreso inmediato en prisión preventiva, ocho meses de infierno, sin ningún motivo, salvo un total invento, un relato sin pies ni cabeza, que se continúa después con este juicio, en el que sienta en el banquillo a una persona honrada, que vive de su pensión, sin la fortuna que la extorsión que tan infundadamente se le atribuye haría pensar necesariamente; descrédito mayúsculo de la Justicia.
Hacemos nuestra la frase de Javier Marzal, de ANVIPED, de que «los jueces y los fiscales está para proteger a los corruptos». Terrible sentencia que queda totalmente fundada a la vista de las tres magistradas que desarrollan el juicio de la infamia en el que, para la opinión pública, se dirime si tenemos un Estado de Derecho o una farsa y una pantomima que debe ser regenerado no sólo mediante la separación de poderes sino con la perdida de la magistratura de las tres. La ira popular está a punto de manifestarse, de aquí a unos meses, en un otoño caliente y quizás histórico, cuando España salga de su actual distopía, y exija cuentas por tanta mentira, tanto latrocinio y tanto juicio infamante contra los honrados para la mezquina satisfacción de los que se creen poderosos y son manifiestamente corruptos.
El juicio de la infamia nos parece trucado y conllevará una condena que agravara la injusticia hasta la indignidad, porque el sistema putrefacto no reconoce errores y vive en la inmundicia. Aún sabiendo la disposición ingenua de Miguel Bernad de que proclamada su inocencia y lavado su honor, mucho nos tememos que no será así, como muestra el linchamiento del fiscal -ya vimos a la fiscalía ejercer de abogado defensor de Cristina de Borbón- y la celebración en sí del juicio tras una instrucción arbitraria y penosa. Ninguna duda albergamos de la inocencia del encausado, que la Justicia sea digna en España de tal nombre, las albergamos todas. Pero el pueblo no olvida.