Alberto López y Pablo Barrón.
No parece que fue ayer, sino que ya hace tiempo que el Gobierno de España nos suprimió nuestros derechos y libertades fundamentales. Muchas fueron las razones dadas desde el principio, siempre con una confusión aberrante de todas ellas: desde la contención del covid-19, pasando más genéricamente por la salud de los más vulnerables, hasta la eficacia (que no eficiencia) del sistema sanitario público.
Y aquí se produce el primer engaño. O no, según se mire. La realidad y el tiempo (juez inescrutable) han demostrado que no se trataba de proteger el sistema sanitario, sino que se fue impunemente más allá: se ha sacralizado todo el aparato público del país, para evitar evidenciar lo que hace tiempo se lleva denunciando: su terrible carestía de medios, económicos y humanos.
No contento con ello, el Gobierno estatal ha venido utilizando a las Fuerzas del Orden como brazo armado para la represión de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Dicha medida se viene manifestando en el desproporcionado número (vamos camino del millón) de denuncias existentes por “saltarse el confinamiento”. Pero como, no se manifestó resistencia notable a esta felonía, se dio un paso más, mediante la investigación –y eliminación- de comunicaciones contrarias a la gestión oficial.
Paralelamente a esta estrategia, el Presidente del Gobierno ha protagonizado sus particulares Galas del Sábado, apareciendo en los medios las tardes o noches de ese día para alarmar -más si cabe- a los ciudadanos, mediante mensajes públicos que más bien parecen una arenga de entrenador deportivo demagógico que de un responsable político. Quedará en la retina de la ciudadanía su explicación de las actividades esenciales permitidas y lo que después se publicó en el BOE.
Y mientras tanto, ¿qué papel juega la economía en este entramado? Pues con estas medidas y sus consecuencias, ya se habla de paro y recesión. Caldo de cultivo ideal para un gobierno de corte intervencionista, cuyo único fin se ha demostrado ser erradicar al máximo el patrimonio de todos los ciudadanos (han esquilmado a todos) para destinarlo a gasto público y promoción de ayudas –envenenadas- al tejido industrial, verdadero impulsor junto al turismo de la economía nacional.
Después de dos meses de privación de libertad (el confinamiento impuesto en España no se diferencia mucho de algunos grados de prisión), y viendo que la cosa “no molesta demasiado” vamos camino de una nueva prórroga con duración superior a las anteriores. Prórroga que, con el texto constitucional en la mano, parece contraria a la Ley. Y como los criterios para su aprobación no están claros, pues tocará decidir el resultado final del estado de alarma, mediante lanzamiento de penaltis. Ahí veremos quien tiene mejores lanzadores…