Luis Bru.
Hay un periodismo de las cloacas encarnado por Eduardo Inda que actuaba al servicio de un “clan policial mafioso” con una “ramificación delictiva” en los medios de comunicación.
Sólo entre octubre de 2014 y enero de 2015, Eduardo Inda y Esteban Urrieztieta publicaron tres informaciones que luego han sido tachadas de falsas por la justicia: la supuesta cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el informe conocido como PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y una grabación que, según estos periodistas, probaba que el CNI y el comisario Martín-Blas estaban manipulando pruebas en contra del pequeño Nicolás.
El periodismo creativo de Inda pudo superar todos los límites éticos y alguno de los legales: entregó las cintas de la grabación de las conversaciones entre investigadores del caso pequeño Nicolás mientras se reunión con agentes del CNI, con la intencionalidad de echar abajo el sumario.
Inda tenía para el comisario José Manuel Villarejo la consideración de un “infiltrado” en los medios, que “ha sido de ayuda en algunos trabajos”. El objetivo era la intoxicación y la manipulación, con medios igualmente ilícitos.
A la asistente de Pablo Iglesias, Dina Bousselhan se la robó el móvil para hacerse con información sensible que dañara al líder de Podemos. De fondo, los intereses del Partido Popular y el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Todo muy propio para una película de la saga de Torrente.
La mafia policial pudo llegar a repartir entre periodistas la cantidad de 5 millones de euros. Alfonso Rojo, de Periodista Digital, cobraba 3.000 euros por defender los intereses de Teodoro Obiang, hijo. El subdirector de Interviú, Daniel Montero, 2.200 euros mensuales.
El caso tándem puede llevarse por delante la poca credibilidad que le queda al periodismo español.