Redacción.
En la comparecencia que ha protagonizado a mediodía en la Moncloa, el presidente del Gobierno ha anunciado la declaración del estado de alarma, después de que ya se hayan superado hoy los 4.200 casos positivos en todo el territorio español y 120 fallecimientos.
El artículo 116.2 de la Constitución habilita al Gobierno a aplicar esta drástica medida, mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros, y por un plazo máximo de 15 días. Precisamente una de las graves alteraciones de la normalidad para las que está previsto el estado de alarma –menos duro en todo caso que los estados de excepción y de sitio- son las crisis sanitarias provocadas por epidemias.
Según la Constitución, el Gobierno habrá de dar cuenta al Congreso de los Diputados, “reunido inmediatamente al efecto”, y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado el plazo inicial de 15 días. El decreto gubernamental, además, habrá de determinar el ámbito territorial al que se extenderán los efectos de la declaración de alarma. Esta situación permite al Ejecutivo limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, o impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados.
Pese a la gravedad de la situación provocada por el coronavirus, no es la primera vez que se declara el estado de alarma en España, en aplicación del precepto de la Constitución de 1978. En diciembre del 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero –siendo José Blanco ministro de Fomento- declaró por vez primera la alarma en todo el Estado debido al cierre del espacio aéreo provocado por la huelga de los controladores aéreos. El Gobierno movilizó en aquella ocasión a personal militar para ocuparse del control aéreo. El estado de alarma fue desactivado 15 días después, ya en enero del 2011.