Editorial.
Con la solemnidad de nuestra línea editorial, nos duele tener que afirmar que Ciudadanos va contra la libertad de expresión, lo cual es muy grave en un partido supuestamente democrático que ha de proteger el edificio de las libertades y máxime una tal delicada y tan fundamental como esa. Jefferson decía que prefería prensa sin gobierno que gobierno sin prensa, ejemplificado así la importancia que tiene esa libertad. Es evidente que ese no es el criterio del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y dirigente de Ciudadanos, Ignacio Aguado, quien prefiere gobierno -él- sin prensa o con una prensa amordazada.
La extrema gravedad del ataque perpetrado por Ignacio Aguado, cuya importancia no se puede minimizar, alcanza al conjunto de Ciudadanos, que hoy más que un partido es una escombrera o un vertedero de residuos tóxicos, ya que la denuncia temeraria contra Enrique de Diego utiliza fondos públicos y el despacho de abogados Fúster y Fabra, que se ha cubierto de mierda y al que Ciudadanos terminará no pagando porque desaparecerá, que es el oficial del partido, y que lo mismo sirve para asuntos laborales, de los que Ciudadanos ha tenido muchos, para asuntos penales, que al referirse a un periodista libre nos parece especialmente execrable.
Ha quedado demostrado fehacientemente que Ciudadanos no financió la campaña electoral de las municipales con estándares legales, con el preceptivo administrador electoral, utilizando para todo el CIF del partido y sometiéndose a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, sino que hizo que sus candidatos financiaran de su bolsillo, con CIF de empresas o de autónomos de los candidatos, solicitando diferentes derramas para los puestos de salida. Estos son hechos comprobados, publicados no sólo en Rambla Libre sino también en El Mundo, con informaciones de Arganda, San Lorenzo de El Escorial, Arroyomolinos, Móstoles y San Sebastián de los Reyes. A estas alturas, debería haber una Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. Y esperamos que la haya más pronto que tarde.
Trastoca la realidad gravemente cuando la representación de Ignacio Aguado, y de todo Ciudadanos, en su escrito de acusación de que «estamos en la obligación de destacar la importancia que tiene para mi representado, D. Ignacio Aguado su prestigio e imagen, debido a su carácter de personaje público dada su profesión, cualquier tipo de rumor o invención puede destrozar años de trabajo». Nos parece que «el prestigio y la imagen» es ahora mismo perfectamente descriptible y está por los suelos, en un descalabro ganado a pulso, con continuos vaivenes ideológicos, pero es que, como personaje público, está obligado a un plus de transparencia y a dar todas las explicaciones, a enseñar todas las cuentas y entrar en todo tipo de detalles. Esto en una democracia como la nuestra. Su planteamiento pertenece al ámbito de las tiranías.
La verdad no es delito y de la verdad ha informado valientemente Enrique de Diego e Ignacio Aguado tiene que asumir sus responsabilidades y dimitir. Sabemos que eso no sucederá porque Ignacio Aguado está más apegado al cargo y utiliza simplemente su inexistente «prestigio» y su «imagen» como trincheras, desde las que intimidar y represaliar a un periodista que se ha atrevido a denunciar la presunta corrupción.
En cuanto la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche, Marta Alba Tenza, se ha plegado a los intereses políticos de Ciudadanos y de Ignacio Aguado, no se ha hecho ni mínimante bien su trabajo, ha hecho una auténtica chapuza de instrucción, por decir algo, y ahora tiene que afrontar una recusación justificada y lo que antes eran todo prisas, ahora ni siquiera ha provisto el escrito de defensa, sino que le ha estallado la patata caliente. Si quería contar con el favor de Ciudadanos para hacer carrera, se va encontrar con un partido desaparecido y acabado.
Ciudadanos es una escombrera, una inmundicia para la democracia que es bueno que desaparezca, porque no representa ninguna regeneración sino una estricta regresión, con un sistema telemático de votación en las primarias que es de vergüenza ajena, con una financiación que hay que cogerla con pinzas porque se cae, y con hechos tan escandalosos como el de Andrés Betancor, miembro de la Junta Electoral Central, secretario jurídico -¡oh!, sorpresa- de Ciudadanos, destacado miembro de la Comisión Gestora de Inés Arrimadas, que no vale para nada, y a sueldo del partido. Ciudadanos dice una cosa y hace la contraria, por un lado va el discurso y por otro, radicalmente opuesto, va la práctica. Ignacio Aguado debería dimitir y Ciudadanos, desaparecer para no enfangar más la vida política española con su empanada mental.