Luis Bru.
Javier Marzal, de la prestigiosa Asociación ANVIPED, ha hecho un magnífico escrito de defensa de Enrique de Diego en la temeraria e injustificada denuncia del político de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que constituye el más grave atentado contra la libertad de expresión. Con él hemos mantenido la siguiente conversación:
- Usted ha elaborado el escrito de Defensa de Enrique de Diego en la denuncia por injurias y calumnias del político de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Usted ve graves irregularidades en la Instrucción, ¿podría citarnos las más importantes?
En el escrito de defensa, se refieren graves infracciones de ley de tipo procesal y de tipo sustantivo. Empezando por la admisión a trámite de la querella sin poder suficiente, continuando por denegar la práctica de prueba solicitada por Enrique de Diego sin motivación alguna y un desmesurado interés por llevar a juicio este asunto de forma antijurídica.
- ¿Cree que Enrique de Diego ha estado convenientemente defendido o ha estado en grave indefensión?
Se ha producido una completa indefensión y la jueza Marta Alba Tenza no ha intervenido, como es su obligación según la jurisprudencia, y eso se lo reprocho en el escrito de defensa. Por este motivo, se han recurrido cuatro resoluciones que los abogados deberían haberlas impugnado en su momento.
– ¿Considera que puede hablarse de una Instrucción bien hecha por parte de la juez Marta Alba Tenza, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche?
Se puede decir que la jueza se ha desentendido de la instrucción, con la clara intención de intimidar y castigar con un juicio al periodista y editor de Rambla Libre. Es una clara represalia por denuncia corrupción propia de un régimen de totalitarismo autoritario.
– ¿Cree usted que ha informado verazmente Enrique de Diego?
La información es veraz, pero los periodistas no están sujetos a la veracidad, sino que la excusa absolutoria conocida como “exceptio veritatis”, se refiere al “deber de diligencia” en cuanto a contrastar las fuentes y en la instrucción Enrique lo ha probado con creces, sin que sus abogados sin hicieran eco.
– Otros medios han confirmado las afirmaciones de Enrique de Diego e Ignacio Aguado no se le ha ocurrido presentar denuncia…
Aguado está utilizando su poder institucional para lucrarse personalmente y desconozco los motivos que le han llevado a interponer esta querella y desconozco si ha denunciado a otros periodistas y medios. Este político ha tenido la caradura de pedir 60.000 euros, utilizando el despacho de abogados de Ciudadanos, por lo que también está implicado este partido político en esta actuación criminal porque ya se ha cometido un presunto delito de estafa procesal con la admisión a trámite de la querella.
– La fiscal Yolanda Cuadrado se inhibe porque dice que es entre dos privados. ¿Es eso cierto, puede sostenerse?
Como se dice en el escrito de defensa, es “un delito semipúblico por la condición de funcionarios públicos de los ofendidos”, pero la fiscal ha preferido mantenerse al margen haciendo dejación de sus dos funciones básicas: acusación pública y asegurar la legalidad.
– Usted llega hasta la recusación de la jueza, y el común entiende que hay causa de recusación cuando hay animadversión pública…
En el escrito se recusa a la jueza por tener un “interés directo o indirecto en el pleito o causa”, que es una causa prevista en el artículo 219 10ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente una habitual relación corrupta político-judicial.
– La libertad de expresión, el artículo 20 de la Constitución, ¿no ampara a Enrique de Diego?
Así es, en la vertiente de libertad de información o de prensa. En el escrito de defensa se cita jurisprudencia que establece dos cosas básicas para el caso: 1) “la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública”, pero el Sr. Aguado desprecia la ley para enriquecerse ilícitamente, al menos en grado de tentativa; y 2) “el bien jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión pública libre”, por lo que Aguado y la juez pretenden eliminar la opinión pública,propio del totalitarismo autoritario, el peor de los regímenes posibles, después del comunismo.
– ¿Está en riesgo la libertad de expresión de todos?
Así es, con este caso se “intimida” a todos los periodistas y medios de comunicación, según el TEDH, para eliminar la opinión pública libre y hacer que la gente piense lo que quiere el régimen.
– Usted ha puesto en marcha una iniciativa en change.org no sólo sobre este caso, en defensa de la libertad de expresión. ¿Cómo puede uno sumarse a ella?
La petición puede leer y está en firmarse en http://chng.it/SSZ2fzrW. Es muy importante que se conozca esta petición para proteger a Enrique y a Rambla Libre, la libertad de prensa y la libertad de expresión, así como para oponerse a esta peligrosa deriva totalitaria.
– ¿Cree que Enrique de Diego ha sido represaliado por denunciar la corrupción?
Sí. Sin lugar a dudas, aunque como he dicho también existe el móvil del enriquecimiento ilícito de Aguado.
– Usted pide en el escrito de defensa dinero público para emprender acciones contra Ignacio Aguado con respecto a directivas europeas. ¿Podría explicarnos?
Existen una serie de normas europeas, que obligan a los Estados a financiar las reclamaciones indemnizatorias de las víctimas de represalias por haber denunciado corrupción, como en este caso. Como es habitual con todas las normas de prevención contra la corrupción, los sucesivos gobiernos y parlamentos, no han traspuesto estas normas, a pesar de su obligación.
Estas normas también obligan al sobreseimiento libre de la causa y a que conste en el Auto que “la formación de la causa no perjudica a la reputación de los procesados”,según dispone el Artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.