Redacción.
Necesarios informadores.
Los políticos, fiscales, jueces y otros funcionarios públicos, siguen criminalizando el uso de la libertad de expresión y de información (prensa), los derechos de defensa y de asociación.
Por ese motivo, acabamos de lanzar una petición en change.org, cuyo contenido enviaremos al Presidente del Gobierno, al Ministro de Justicia, al Presidente del CGPJ, al Fiscal General del Estado, al Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y a organismos internacionales.
Os pedimos que colaboréis en crear un debate mediático sobre el grave contenido de esta petición http://chng.it/SSZ2fzrW; además os pedimos que hagáis pública la existencia de esta petición para que la firme el mayor número de gente posible, de forma que sea útil para combatir esta peligrosa deriva totalitaria.
Vamos a movilizar a los colegios de abogados y procuradores, y a todas las asociaciones que podamos, porque todos ellos están siendo amenazados por las instituciones, según el TEDH.
Atentamente,
Javier Marzal
Promotor del European Movement for Justice
PETICIÓN EN CHANGE.ORG – LIBERTAD DE EXPRESIÓN
OPONTE A LA REPRESIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INFORMACIÓN, DEFENSA LETRADA Y ASOCIACIÓN
DIRIGIDO A: Para el Presidente de Gobierno, el Ministro de Justicia, el Presidente del CGPJ, el Fiscal General del Estado y el Presidente de la Comisión de Justicia de Congreso.
TEXTO:
La libertad de expresión es necesaria para una sociedad abierta y democrática, con ciudadanos libres. Sin libertad de expresión, sólo queda espacio para un régimen totalitario y represivo.
En los últimos años, está creciendo el número de condenas contra la libertad de expresión, en sus principales vertientes: defensa letrada (derecho a que nos defiendan los abogados), libertad de información (prensa libre), derecho de asociación y crítica ciudadana contra los abusos públicos.
El Tribunal Constitucional ha declarado que la libertad de expresión “no solo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, que es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático, que por lo mismo trascienden el significado común y propio de los demás derechos fundamentales”.
En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) afirma que “la libertad de expresión no solo comprende las «informaciones» o «ideas» acogidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, ofenden o inquietan; así lo quieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una «sociedad democrática»”.
Precisamente, en 2016 el TEDH condenó a España por haber condenado al abogado Ravelo en el ejercicio de la defensa de su cliente, afirmando que esa condena no era propia de un Estado democrático porque suponía una “intimidación” hacia todos los abogados.
En febrero de 2020, algunos medios de la prensa digital, no institucionalizada, han informado de otro caso de especial gravedad, la querella de Ignacio Aguado de Ciudadanos contra un periodista y contra su medio de comunicación por noticiar que es un corrupto, habiendo otros medios que también estaban informando de lo mismo. Para mayor escándalo, es el despacho de abogados con el que trabaja Ciudadanos quien representa a este político corrupto, por lo que puede afirmarse que este partido apoya esta represalia totalitaria. Las dos juezas intervinientes no han cumplido la legalidad para favorecer a Ciudadanos, evidenciando una corrupta relación institucional político-judicial.
Un ex Director de El Mundo, en su libro “El director” (2019), describe la destrucción de la libertad de expresión en su vertiente de prensa libre, y el totalitarismo, con las siguientes palabras: “El poder había dejado de temer a la prensa y ahora era la prensa la que temía al poder”.
En este mismo mes de febrero de 2020, una Alianza de cinco asociaciones han denunciado a 68 autoridades judiciales ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Han incluido el caso Ravelo, denunciando por torturar a varios abogados y dirigentes de varias asociaciones de víctimas judiciales, mediante procedimientos penales por injurias y calumnias a autoridades públicas. La prensa libre ha informado de estas actuaciones totalitarias que tratan de que los abogados y las asociaciones no defiendan a la población. En estas actuaciones está involucrado el Consejo General del Poder Judicial, la anterior Ministra de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
Cabe destacar el artículo, publicado en varios medios con el título “Un negocio mafioso de los jueces” donde se describe que los jueces, como en el caso Ravelo, denuncian a los abogados para que estos les indemnicen.
Las instituciones vulneran estos derechos y esta jurisprudencia, abusando de su poder para intimidar y castigar a quienes se oponen a su tiranía, además lucrándose.
Dada la gravedad de la situación y para no dejar un mundo peor del que hemos recibido, pedimos a todos los ciudadanos que firmen esta petición, a los Colegios de Abogados que la difundan entre los abogados para que la firmen y a los medios de comunicación para que den divulgación a esta defensa de libertad de expresión y de la democracia.
¡Oponte a esta deriva totalitaria!