Mike Sala.
Había pasado una semana desde el incidente de la embajada mejicana en La Paz, Bolivia, y los medios de comunicación españoles aún no habían caído en la cuenta de que la prioridad del gobierno español en funciones quizás no había sido tanto proteger los intereses de Podemos como futuro miembro de un gobierno de coalición, como mantener ocultas las relaciones del pasado y el presente de un expresidente de Gobierno Rodríguez Zapatero con dictaduras y narco regímenes sudamericanos. Relación mantenida tanto en la actualidad como en tiempos anteriores, durante su presidencia. Una relación de década y media que, como en el caso de Evo Morales y su escapada desde Bolivia hacia Méjico, quedaba patente cuando éste pedía la mediación del propio Rodríguez Zapatero entre el nuevo gobierno boliviano y el impresentable y huido narco ex presidente Morales.
A fecha de hoy aún no ha hecho un mes desde aquél chapucero operativo de extracción, más digno de una historia de Mortadelo y Filemón que de un grupo de operaciones especiales que goza de prestigio internacional, el escándalo del intento de intrusión en la embajada mejicana en Bolivia se diluye entre otros escándalos más recientes, en los que el público centra su atención. Como escribí no hace mucho en este blog, la corrupción de hoy se pierde en la memoria del pueblo, confundida con los sucesivos casos que en España se van dando por obra y gracia de las castas dominantes e influyentes y sus abnegados siervos, los medios de comunicación del sistema, los partidos políticos, y otras gentes y colectivos colaboradores necesarios de la gran corrupción que vive España. Aunque no deja de ser una especie de paradoja que ya nadie parece recordar este curioso caso de intento de extracción clandestino precisamente porque el escándalo en cuestión ha crecido en dimensiones y ha alcanzado a las relaciones de ciertos políticos con los pasados y presentes gobiernos comunistas de Venezuela.
Hasta el día de hoy, todos los medios consultados han dado por hecho que los agentes que fracasaron en la operación de extracción en la embajada de Méjico eran miembros del GEO (Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional). Cierto es que este grupo suele tener destacados a sus miembros en las embajadas españolas repartidas por el extranjero. Pero si examinamos detenidamente los acontecimientos relatados por los diferentes diarios, radios y canales de televisión, y tratamos de centrarnos en las noticias más “fiables”… podríamos plantearnos lo siguiente: ¿Y si no eran GEOs quienes acompañaban a la agregada comercial y el cónsul de la legación española?
El modo torpe de actuar de los encapuchados que trataron de introducirse en la embajada de Méjico acompañando a la encargada de negocios y al cónsul español no concuerda con el modus operandi de un grupo experimentado en operaciones especiales. Todos ellos se presentaron a las puertas del recinto en varios autos con la intención de llevarse de la embajada mejicana a una decena de ex altos cargos del gobierno de Evo Morales. La visita de la agregada comercial y el cónsul estaba agendada ese día en la embajada mejicana, y es muy posible que la embajadora mejicana, cuyo gobierno preside López Obrador, quien se ha significado en no pocas ocasiones como partidario de los gobiernos iberoamericanos de izquierdas, tuviera concretas órdenes superiores para facilitar la huida de los prófugos bolivianos partidarios de Evo morales, tratando así de evitar que éstos no acabaran bajo la custodia de las autoridades bolivianas.
El destino reservado entonces para los bolivianos que iban a ser extraídos es aún una incógnita. Un destino que bien pudiera haber sido una hacienda franca de algún adepto a Evo Morales en Bolivia, un avión con destino a Méjico o a cualquier otro país cuyo gobierno simpatice con el narcotráfico boliviano (Argentina, por ejemplo), o a la propia embajada o consulado español como refugio provisional de contingencia. Ninguna opción es completamente rechazable a día de hoy.
Pero el caso es que la operación de extracción se frustró, y fue por la acción de un grupo de ciudadanos bolivianos que se hallaban haciendo guardia en los exteriores de la embajada mejicana, sabedores de que varios ex altos cargos partidarios de Morales estaban refugiados en el interior. Estos ciudadanos alertaron a las fuerzas del orden locales, que se presentaron casi inmediatamente, lo que abortó cualquier intento de seguir adelante con la operación.
Al día siguiente, Ok Diario publicó imágenes de los pasaportes “falseados” de los operativos que acompañaban al personal diplomático español en los vehículos con los que se pretendía sacar a dos ex-ministros bolivianos (Juan Ramón Quintana y Héctor Arce) que podrían facilitar información de interés respecto al dinero supuestamente recibido por Podemos o alguno de sus líderes. Al mismo tiempo, Ok Diario confirmaba que fueron cuatro los GEOs que se desplazaron hasta la embajada de Méjico en La Paz. Como era previsible, el gobierno español en funciones fue acusado de cometer injerencia en los asuntos bolivianos, dejando, con toda razón, la imagen internacional de Sánchez y su banda de secuaces sin escrúpulos por los suelos.
A día de hoy, este caso parece haber quedado en punto muerto. Los pasaportes “falseados” publicados por Ok Diario mostraban algo que la gran mayoría ignora, pero que forma parte del método normal de trabajo de cualquier servicio secreto, oficial y no oficial, de cualquier país. Los pasaportes y documentación expedidos para los agentes que se desplazan a cualquier misión fuera del país son oficiales. Son perfectamente válidos, aunque contengan nombres y datos que no son reales, con objeto de proteger la privacidad de los agentes por razones obvias. Y las autoridades españolas, desde mediados de los años 80, por hablar de historia reciente, ha extendido pasaportes legales con datos falseados a agentes de diferentes servicios y grupos especiales. Incluso ha facilitado pasaportes a agentes y colaboradores extranjeros para misiones puntuales. Es un procedimiento que no tiene nada de extraño.
Pero hay otra versión sobre el origen y pertenencia de estos cuatro agentes que ciertos especialistas privados en inteligencia no quieren desechar aún, y que plantea la posibilidad de que los cuatro personajes, en realidad, fueran elementos externos no pertenecientes oficialmente a ningún cuerpo de seguridad del Estado, o, al menos, al Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional. ¿Por qué esta hipótesis? Porque para cierto tipo de operaciones en las que el patriotismo y la defensa de nuestros intereses nacionales no son prioridad, ofrece más garantías para quien ordena esas operaciones contratar operadores sin vínculos con cuerpos y fuerzas armadas ni aparatos del estado. Y la misión de extraer a bolivianos de la propia Bolivia para salvaguardar los secretos de las relaciones de Rodríguez Zapatero con los narco estados Boliviano y Venezolano, desde luego, no es una misión patriota. Es una burda y fracasada maniobra para tratar de frenar lo que posiblemente constituiría uno de los mayores escándalos de las castas políticas y empresariales españolas. Y no habría garantías de que todos los miembros de un comando asignado para tal misión y formado por agentes españoles de las fuerzas de seguridad del Estado no filtrasen información crítica contra un expresidente y una serie de políticos que han humillado y despreciado en no pocas ocasiones a la Policía, a la Guardia Civil y a los militares.
Representantes de Vox viajaron hasta Bolivia para entrevistarse con las autoridades locales. Además, un reducido sector de la prensa está tratando de desentramar una madeja de conexiones con el tráfico de cocaína, partidos comunistas y paraísos fiscales de Sur América y Caribe que comienza a salpicar al infame ex presidente Zapatero como una de las principales figuras de una trama que existe, como mínimo, desde hace década y media. Frente a Vox y esos escasos periodistas que investigan están el PSOE y Podemos, que cuentan ahora con todos el poder del Estado, acompañados de la gran mayoría de medios de comunicación, afines al nuevo régimen socialcomunista que gobierna España y que actuarán como maquinaria de propaganda para desprestigiar a quienes investiguen y entorpecer la labor de Vox, el único partido político que hasta ahora planta cara abiertamente contra la corrupción del sistema. De nuevo, como ya ha ocurrido con anteriores escándalos, esclarecer la verdad no será sencillo. Previsiblemente, asistiremos a una guerra que excede la ideología porque el verdadero fondo del asunto es la corrupción que engloba el fraude, el narcotráfico y la financiación ilegal de ciertos estados a ciertos partidos. Y esta guerra será dura y descarnada, aunque los ciudadanos de a pie no lleguemos a conocer ni la mitad de lo que sucede, porque algunos tienen mucho o todo que perder.