Josep Sansano
La vida cambia en un instante. El 9 de octubre de 2007, Alejandro Ponsoda, alcalde del PP de la localidad alicantina de Polop de la Marina, iba a entrar en el garaje de su casa en la pedanía de Xirles, cuando por la ventanilla entre abierta dos sicarios le descerrajaron tres tiros para darse inmediatamente a la fuga en un coche que esperaba en los alrededores con un tercero al volante. Un asesinato ejecutado por profesionales sin dejar rastro.
La conmoción en la localidad fue tremenda. El dolor de sus dos hijas, inmenso. Fue homenajeado por sus convecinos y se procedió al traspaso ordenado del poder a su segundo, Juan Cano, que pasó a tener la vara de mando y la llave del urbanismo.
Todo empezó y acabó por el urbanismo. Juan Cano es el principal sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato de su compañero de partido, al que odiaba, según el relato del fiscal, porque se interponía en sus planes.
Porque Polop de la Marina, un precioso pueblo, casi de montaña, en la comarca alicantina de la Marina Baixa, está a espaldas de Benidorm, y hasta él había llegado con furia inusitada la ola imperiosa de la burbuja inmobiliaria.
Juan Cano había buscado con deseo irrestricto controlar el urbanismo de Polop. Tras ser concejal de Urbanismo, había sido relegado a puestos inferiores en la lista en las elecciones municipales de 2003, pero trató de hacerse con el control a través de la creación de una Gerencia de Urbanismo, presidida por él. En el año 2007, Juan Cano volvió al Ayuntamiento como número dos. Sólo Alejandro Ponsoda se interponía en el ascenso al poder total.
No era el único al que le sobraba Alejandro Ponsoda. En ese odio cainita, amasado de avaricia, según el relato de la Fiscalía, le acompañaba el constructor Salvador Ros, que había tenido enfrentamientos con Ponsoda.
Como en una novela negra, todo se urde en un prostíbulo. En el club de alterne Mesalina, donde el propietario, Pedro Hermosilla y el gerente, Ariel Gatto, habrían sido los intermediarios para contratar a los sicarios.
¿Cuánto valía la vida de Alejandro Ponsoda? 35.000 euros. Según un testigo protegido, eso es lo que le ofrecieron en aquel lejano verano de 2007, en un reservado de Mesalina, los conspiradores. Él se negó. Pero, según la Fiscalía, al final se habría encargado el sucio trabajo a dos checos, Robert Franek y Radim Rakowski, y al español Raúl Montero. Los dos primeros eran porteros en clubes de alterne y “tenían acceso al mercado ilegal de armas”.
La Justicia en España es lenta pero insegura. Han pasado diez años y no ha habido juicio. Ahora toca dilucidar si se archiva el caso, como piden las defensas, aduciendo falta de pruebas e incongruencias del testigo protegido, o pasa a la Audiencia de Alicante para que sea juzgado por un jurado popular. Diez años después de que tres balas y muchos intereses urbanísticos se cobraran la vida de Alejandro Ponsoda.