Redacción.
Nuestro presidente, Javier Marzal ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, que archiven el procedimiento penal de Diligencias Previas 813/2018, en base a la DIRECTIVA (UE) 2019/1937.
En la solicitud se afirma que el procedimiento es una represalia totalitaria por haber denunciado la trama de dos organismos de la Seguridad Social (INSS e ISM) que ha retrasado la jubilación a más de doscientos mil trabajadores con profesiones especialmente penosas y peligrosas, falsificando la vida laboral de estos trabajadores y enviando una carta a 155.225 trabajadores con la vida laboral falsificada para que retrasen su jubilación en varios años.
El trabajo de ANVIPED dio lugar a 35 publicaciones en la prensa escrita y digital, a noticias en varias radios y televisiones regionales, promoviendo y participando en un programa especial de radio en RTVE; además, a una Iniciativa Parlamentaria del PSOE para interpelar a la Ministra.
La víctima de esta trama que la hizo pública, Vocal de ANVIPED, denunció penalmente a la Directora Provincial del INSS que prevaricó para denegarle la jubilación, el Juez que instruyó la denuncia prevaricó dictando el sobreseimiento libre y denunció criminalmente a esta víctima y a nuestro Presidente, además de sancionar a un abogado de ANVIPED. La Fiscal-Jefe de Santander recibió la denuncia del Juez e interpuso querella contra ambos, originando el procedimiento referido (Diligencias Previas 813/2018) para el que hoy, nuestro Presidente ha pedido el sobreseimiento por tratarse de una represalia totalitaria que está prohibida por la referida Directiva europea.
En el escrito se hace una dura crítica contra la democracia totalitaria española y contra el autoritarismo sistémico de las autoridades judiciales.
Cabe recordarles que el mes pasado les remitimos una denuncia de nuestro Presidente, como promotor y portavoz de la alianza DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL, donde se denuncian estas represalias y otras contra dirigentes y abogados de varias asociaciones, violando el derecho a la libertad de expresión, la defensa letrada y el derecho de asociación, intimidando a todos los abogados (según Sentencia del TEDH) y a todas las asociaciones, extrapolando esta STEDH.
Confiamos que hagan pública esta actuación de nuestro Presidente para que las autoridades públicas dejen de represaliar a quienes se quejan de que no cumplan la ley y para que otras asociaciones y abogados promueban una defensa efectiva y la solicitud de indemnizaciones para estas víctimas institucionales.
Les recordamos que la semana pasada les informamos que ANVIPED y la asociación AUSAJ hemos establecido una colaboración estratégica para defender a los denunciantes de corrupción medciante este Directiva europea. AUSAJ ha sido noticia por su defensa de los enfermos de hepatitis C y a los temporeros, además de por ser la primera asociación de víctimas judiciales que ha realizado una comparecencia en el Congreso explicando los princiaples problemas del poder judicial.