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Denuncian abusos de abogados y procuradores

Redacción




Redacción.

Conmemorando el 5º aniversario de nuestra actividad, la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED), conocedores del grave problema que ocasionan los abusos de procuradores y abogados, lanzamos una serie de servicios jurídicos para la defensa de sus víctimas.

Javier Marzal, presidente de la Asociación.

Hemos detectado abusos en los procedimientos judiciales especiales para que los procuradores y abogados cobren sus servicios. Antes se llamaban Jura de Cuentas y ahora se denominan sólo Cuentas. La mayoría de los abogados no defienden este tipo de procedimientos, por lo que las víctimas de estos profesionales están en indefensión. Estos profesionales conocen esta situación y la aprovechan para abusar de sus clientes. Incluso los procuradores y abogados reclaman cantidades por servicios indebidos.

Otro procedimiento especial para que cobren estos profesionales es el de la tasación de costas, por el que se establece la cantidad adeudada cuando ha habido una condena en costas en un procedimiento judicial. La indefensión se produce de la misma manera que en los procedimientos anteriores.

Para cuando el abuso ya se haya producido, ANVIPED proporciona los servicios jurídicos para demandar civilmente o querellarse criminalmente contra abogados y procuradores.

Con la reforma del Código Penal en 2015, las autoridades públicas pueden pedir al Ministerio Fiscal que interponga una querella por injurias o calumnias contra cualquier persona que haya atentado su honor en el ejercicio de su función pública. Esta medida está originando represalias penales cuando se deja en evidencia su incumplimiento de la Ley.

Para defender a las personas de estos abusos institucionales, ANVIPED se ha especializado en este servicio, conociendo la jurisprudencia aplicable para evitar la condena.

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En todos los casos, como organización sin fines lucrativos, ANVIPED proporciona estos servicios con precios reducidos.

Estos habituales abusos de abogados, procuradores y autoridades públicas atentan contra la credibilidad del Estado de Derecho que es el pilar fundamental de la democracia.