Redacción.
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han sido condenados por el caso de los ERE en el juicio que ha sentado en el banquillo a un total de 21 exaltos cargos de los gobiernos socialistas durante más de una década. Chaves ha sido condenado por prevaricación y afronta una pena de nueve años de inhabilitación. Griñán tiene pena de seis años y dos días de cárcel y suma al delito de prevaricación el de malversación de fondos públicos. Su responsabilidad se acota a la etapa en la que fue consejero de Hacienda, entre 2004 y 2009, cuando se emitieron varios informes de la Intervención que alertaban de irregularidades en el sistema de los ERE. La sentencia, de 1.700 folios, es obra del juez Juan Antonio Calle Peña y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Caselles.
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[Consulte la sentencia completa: Parte 2]
Las penas más duras recaen en el núcleo duro de la Consejería de Empleo. El exconsejero Antonio Fernández y el exdirector, Francisco Javier Guerrero, que ya pisaron la cárcel durante la investigación judicial, son condenados por malversación a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación. Fernández, que recibió el trato peor a Calle durante el juicio, trató además de incluirse en uno de los ERE cobrando una póliza, en concreto en el de la bodega jerezana González Byass donde había trabajado antes de entrar en política. Guerrero fue el responsable directo del reparto de las ayudas y ocupó la dirección general entre 1999 y 2008. De él dependía directamente la concesión de estos fondos de la partida 31L del Presupuesto andaluz. Ya ha sido condenado por otros casos y protagonizó algunos de los episodios más sórdidos del caso, al trascender que dio más de un millón en ayudas a su chófer, dinero con el que regaron juergas de alcohol y cocaína y que sirvió además para regalos como antigüedades. Metió además a su suegra como intrusa en uno de los ERE financiados con dinero público. Todos estos desmanes se juzgan en otras piezas.
El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, ocupó ese puesto entre 2000 y 2004 y bajo su batuta se puso en marcha el sistema para el reparto de ayudas. Es condenado por malversación a siete de años de cárcel e inhabilitación 18 años.