Mike Sala.
El pasado 1 de julio publicábamos sobre la triste realidad de la industria de la hostelería y el turismo en Barcelona promovida por las disparatadas ideas de una anormal como Ada Colau y su banda de sectarios, situación agravada por la inseguridad fruto de la delincuencia descontrolada que ocupó titulares internacionales por el asalto y posterior fallecimiento de una súbdita de Corea del Sur.
Sin embargo, la situación en la capital catalana, donde los delitos se han disparado de manera exponencial en las cifras ofrecidas por los medios, pero más aún en las estadísticas que manejan los cuerpos policiales, es tan solo la punta del iceberg de una tendencia que no ha dejado de crecer durante los últimos quince años y que se aproxima a un punto crítico de desbordamiento que bien pudiera provocar algún incidente en el que alguien decida tomar la justicia por su mano como consecuencia de la pasividad (planificada y cómplice) de ciertas autoridades.
Pero Barcelona, aun siendo la población más grande de la costa mediterránea y por tanto la que acapara más atención de los medios, es tan solo un punto más de los muchos en los que la inseguridad es un verdadero problema social. Desde Gerona hasta Algeciras se multiplican los casos de asaltos, violaciones y homicidios que se ceban preferentemente en adolescentes, mujeres y ancianos, pero también en buena medida en turistas y propietarios y empleados de comercios. Y si es indignante que por orden del gobierno central y ciertas autoridades exista la orden expresa de que las estadísticas delincuenciales publicadas estén previamente cocinadas para no mostrar la realidad completa de lo que sucede, aún lo es más que esos datos arreglados y apañados, que suponen un engaño y una estafa para el ciudadano, oculten que un porcentaje muy mayoritario de los referidos delitos, especialmente los de asalto y violación, sean perpetrados por inmigrantes inadaptados que, si profundizamos todavía un poco más, proceden en su mayoría del Magreb y ciertas áreas del África subsahariana.
Mientras, las fuerzas de seguridad del Estado, que luchan en varios frentes contra la delincuencia tratando de sortear además los obstáculos que ciertos políticos ponen para dificultar las labores de investigación, están en alerta ante el más que seguro incremento de delitos que se producirá a no tardar, causado por el vaciamiento de no pocos centros de internamiento de inmigrantes ordenado por autoridades socialistas. La puesta en la calle de tanto individuo con escasas posibilidades de conseguir empleo y vivienda, añadido al alto número de indeseables que ya eran delincuentes en sus países de origen, no parece vaticinar otra cosa, y las víctimas de esta más que previsible nueva ola de delitos se hallarán de nuevo entre los grupos que sufren más indefensión, como adolescentes, mujeres, ancianos y propietarios y trabajadores de comercios, que son los objetivos preferidos por este tipo de delincuencia.
Las consecuencias de todo lo anterior tenían que llegar tarde o temprano, y los primeros afectados económicamente son, como era de esperar, los empresarios del sector turístico. Si el pasado 1 de julio incidíamos en las alertas de muchas agencias de viajes en sus países de origen sobre el riesgo que supone viajar a Barcelona por la inseguridad de sus calles y la facilidad con la que los turistas son despojados y hasta agredidos, ahora, en algunos países anglosajones, que suponen un buen porcentaje del turismo que elije España para sus vacaciones, dichas agencias desaconsejan a sus clientes elegir destinos de nuestra costa mediterránea debido al alarmante crecimiento de asaltos sexuales y violaciones que se están dando no solo entre españolas, también en un número creciente de turistas extranjeras que denuncian estas agresiones a las autoridades locales. En poco menos de un mes, para la opinión pública internacional, la merecida mala fama de una sola ciudad se ha extendido a la práctica totalidad de nuestra costa mediterránea, y según algunos diarios británicos, a todo territorio español.
Por descontado, los destinos turísticos que tradicionalmente compiten por hacerse con la supremacía española en el sector tratarán de obtener beneficio de esta situación y cargarán las tintas en su propaganda. Seguramente no faltará quien asegure que tanta publicidad y alarmismo obedece a un sucio afán por vender más titulares. Pero esta realidad no se puede ocultar, y el número de víctimas sigue creciendo al mismo ritmo que nuestras calles se pueblan de manadas y bandas a las que las instituciones y sus medios de comunicación conniventes siguen protegiendo de la opinión pública y hasta disculpando de formas como jamás se han visto en otros casos de agresores españoles. La sociedad española es una sociedad que, en su conjunto, no parece dispuesta a aprender nada en absoluto de las pasadas experiencias. Ante sus ojos tiene otro ejemplo de lo que no se debe hacer ni permitir, pero no hay una reacción general. Tan solo unas pocas voces que jamás alcanzarán el efecto que tendría toda una ciudadanía unida e indignada.
Lo que parecía un punto conflictivo aislado, Barcelona, ciudad cuyos gobernantes se empeñan en enlodar en el mayor descrédito internacional, parece un modelo a imitar en otras poblaciones con alto índice de inmigración ilegal. Y una de las peores consecuencias que pueden darse de todo esto, además del sufrimiento y desamparo de tantas víctimas, es que surja un estallido de venganzas y violencia que la opinión pública pueda justificar y tomar como ejemplo. Si ese momento se da, las réplicas en otros lugares serán más que probables. Y que no dude nadie que entonces sí; tales hechos serán juzgados mucho más duramente que las agresiones y violaciones que los inmigrantes hacen a diario y que de forma rastrera y vergonzosa, no pocos políticos y algún comunicador tratan de minimizar en importancia, especialmente si las víctimas son españolas y los agresores magrebíes.
El trabajo policial, sin el apoyo de jueces, fiscales y políticos, pierde más de la mitad de su eficacia. Los ciudadanos debemos exigir por todos los medios posibles que se endurezcan las leyes contra la inmigración ilegal y la delincuencia. Porque ese falso axioma progre que reza que endurecer las leyes no evita la delincuencia es una trampa. Endurecer las leyes sí tiene efecto disuasorio, como se ha comprobado en otros países. Lo que sucede en esta España dominada por lo progre hasta la raíz y temerosa hasta el ridículo es que hablar de endurecer leyes y aumentar penas es “de fascistas”, y hacerlo tras algún suceso traumático y mediático es “legislar en caliente”. Pero si no afrontamos de una vez este acuciante problema de delincuencia, quizás alguien nos obligue a elegir entre libertad o seguridad, y nos veamos reflejados en aquellos a quienes se refería Benjamin Franklin cuando planteaba que quienes elegían seguridad antes que libertad acabarían por perder ambas cosas.