Josep Sansano.
El caso ISJOMA continua adelante con la apertura del juicio oral decretada en auto por el juez instructor el pasado día 16.
Los ex concejales del Partido popular de Alicante, Juan Manuel Zaragoza Mas y Andrés Llorens Fuster (también investigado por amaños en las obras del plan E, por los que anticorrupción pide 4 años de cárcel) se enfrentarían, de acuerdo con la petición de fiscalía, a un año y un día y tres años y un día de cárcel respectivamente, así como inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos para ambos, al ser acusados de los delitos de prevaricación y fraude a la administración.
Al parecer y según el Auto de apertura de Juicio Oral, ambos concejales habrían favorecido, en connivencia con otros tres funcionarios del ayuntamiento de Alicante, también encausados, a la empresa ISJOMA SL, para otorgarle reiteradamente desde 2003 hasta 2009 contratas públicas mediante pliegos hechos a medida, o directamente sin concurrir a las correspondientes convocatorias públicas y fraccionando contratos de gran cuantía para asignarlos a dedo como contratos menores. En total las cuantías de los contratos por los que ISJOMA, presuntamente se habría beneficiado ascenderían a varios millones de euros.
El Ayuntamiento de Alicante, personado como acusación particular, ha solicitado también junto con los demandantes la responsabilidad civil de los acusados, caso de que sean condenados. Conforme al Auto en el que se dicta la apertura de juicio oral, el juez haya exigido a los investigados las fianzas de 2.243.929,57 € para Andrés Llorens Fuster (en aquel periodo concejal de atención urbana), y de 2.169.887,29 €. Para Juan Manuel Zaragoza Más. El funcionario, también investigado por su participación Victor Lopez Beltrany el representante de la empresa contratista, D. Isidoro García Gómez, comparten fianzas de idéntica cuantía.
En el proceso además, resulta asombrosa la posición del abogado particular contratado para la supuesta defensa de los intereses del Ayuntamiento de Alicante, el cual habría renunciado a continuar con su defensa, al saber que el Ayuntamiento, aconsejado por los técnicos de la asesoría jurídica del Consistorio, solicitaría la responsabilidad civil de los encausados, si fueran condenados en sentencia.
Esta extraña maniobra pondría en cuestión los verdaderos intereses de quienes en su día recurrieron a la contratación de un letrado particular para la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Alicante, en lugar de recurrir a los propios letrados de la institución, pues no cabe explicación para la renuncia del abogado ante una postura municipal que, básicamente defiende los intereses económicos del Ayuntamiento, que a fin de cuentas es la de todos los alicantinos que lo sostiene con sus impuestos, sembrando dudas sobre si el abogado trabajaba realmente para la institución pública o para los intereses de los ediles que en su día le contrataron y que hoy se sientan en el banquillo de los acusados.
En este caso, tanto la postura del Alcalde, Luis Barcala, como del Concejal Responsable de la Asesoría Jurídica, Manuel Villar ha sido más coherente que la de sus predecesores en la defensa de los intereses de la Institución a la que sirven. El tiempo dirá si se trata de un necesario cambio en las actitudes de los políticos del Partido Popular o una nota afortunada en una sonta desafinada desde hace tiempo en la ciudad de Alicante.