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Manos Limpias denuncia el escándalo de los intereses de las fianzas judiciales y el pecunio de los presos

Redacción




Javier de la Calle.

El sindicato Manos Limpias, cada vez más activo de nuevo, denuncia el escándalo de las fianzas depositadas en las cuentas de depósitos judiciales, de los alquileres de las viviendas y el caso llamativo de los pecunios de los centros penitenciarios. Los intereses de todas esos dineros no se tienen en cuenta. De las fianzas por la acción popular no se sabe dónde van, en el caso del pecunio se queda con los intereses Instituciones Penitenciarias, aunque no se conoce el destino que recibe ese dinero.

Como explica Manos Limpias, cuyo secretario general es Miguel Bernad, para ejecutar la acción popular normalmente, los jueces y fiscales, exigen al querellante el depósito de una fianza, que en algunos casos asciende a 60.000€. Una vez finalizado el procedimiento penal, esta fianza se reintegra sin intereses.

Intereses que deberían abonarse al depositante de la misma, pero que se beneficia el depositario (el titular de la cuenta de depósitos y consignaciones, esto es el Ministerio de Justicia).

Lo mismo sucede en las fianzas para garantizar la no evasión del imputado por riesgo de fuga.

En el caso de las fianzas por alquileres de vivienda, la práctica es la misma. En los organismos dependientes de la Comunidades Autónomas, ese dinero de las fianzas se devuelve cuando el contrato de alquiler finaliza, al inquilino, sin el interés generado durante el periodo de alquiler.

Todo ello genera un beneficio ilícito por una parte a los que se benefician de las fianzas y un perjuicio económico a los propietarios de las fianzas. Incluso podría hablarse de apropiación indebida.

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Dentro de este marco irregular e ilegal, quiero destacar otro escándalo que afecta a los 70 mil presos en cárceles españolas cuyo peculio, de 80€ al mes, para poder comprar en los economatos de las prisiones, el interés que generan, no los percibe el preso, sino Instituciones Penitenciarias.

Esta práctica debe ser cortada de raíz porque además de lesionar derechos de los afectados deja en un lugar de desprestigio a las Instituciones. En definitiva, ello supone corrupción, lisa y llanamente.