Virginia Montes.
La moción fue aprobada por los senadores, a pesar de que contraviene la Constitución suiza y los Convenios de Ginebra.
Los actos radicales requieren medidas radicales. Esto fue entendido por el Consejo de Estados suizo (equivalente al Senado) el martes 19 de marzo, votando por la expulsión de terroristas a su país de origen, incluso si corren el riesgo de ser torturados o podrían sufrir pena de muerte, informa el Tribune de Genève .
La votación fue cerrada, pero la moción finalmente fue aprobada por 22 votos contra 18, en contra del consejo de la Ministra de Justicia, Karin Keller-Sutter. El texto se refiere específicamente a las personas condenadas por actos terroristas que aún representan un peligro para la seguridad de Suiza después de la ejecución de su sentencia. Hasta ahora, algunos convictos no podían ser expulsados del territorio debido al principio de no devolución. La izquierda ha tratado de oponerse a este texto, que contraviene la Constitución suiza y los Convenios de Ginebra, en vano.
De hecho, según la Constitución suiza, «nadie puede ser devuelto al territorio de un estado en el que corre el riesgo de sufrir tortura o cualquier otro castigo o tratamiento cruel e inhumano» , recordó el ministro suizo de Justicia. «Suiza jugaría el juego de los verdugos en contravención del principio de no devolución», lamentó Pascale Bruderer, socialista electa. Por el contrario, para el Schaffhousois independiente (cantón suizo) Thomas Minder, «se trata de la soberanía del país» .
Sin embargo, otras soluciones se han presentado en Suiza. En un proyecto actualmente bajo consideración, el Consejo Federal propone, por ejemplo, mantener en casa a las personas arrestadas por terrorismo que hayan cumplido sus condenas, pero que sean inexpulsables. El ministro suizo de Justicia también mencionó otra alternativa. Hoy en día, algunas personas expulsadas por la Oficina Federal de la Policía debido a su peligrosidad se benefician de la asistencia social, mientras que las personas inadmisibles por un organismo que no sea la Oficina Federal solo pueden tener acceso a ayuda de emergencia. El ministro propone que ninguno de los terroristas pueda recibir asistencia social y que solo reciban asistencia de emergencia, «para evitar que la asistencia social financie el terrorismo» .