Javier de la Calle.
Amplio malestar ciudadano, como ha podido detectar Rambla Libre, por la persecución antidemocrática de la juez María Elena Garde García, titular del Juzgado nº 7 de violencia contra la mujer de Majadahonda, contra el presidente de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, Manuel Romeral Frías, referencia de la lucha por una Justicia igualitaria.
Rambla Libre ha podido contrastar también la mejora en la calidad de vida y de trabajo de los funcionarios del Juzgado número 2 Pozuelo de Alarcón, desde que la juez Garde cambió de destino. Diversas fuentes apuntan a una conducta prepotente y caciquil.
La polémica juez Garde ha presentado su tercera denuncia sobre «delitos sin especificar o en su caso de Violencia sobre la Mujer». Lo ha hecho en el Cuartel de la Guardia Civil de Majadahonda. Los hechos afirma que sucedieron el 8 de enero de 2019 entre las 8 y las 8,45 horas. La juez se encontró esparcidas por el suelo octavillas en las que se denunciaba que la magistrada del Juzgado nº 7 -ella- admitía denuncias falsas y persigue a ciudadanos mediante falsos testimonios. Los pasquines terminaban diciendo: «No más denuncias falsas. ¡Basta ya! Stop corrupción judicial».
Sin aportar ninguna prueba, la polémica juez señala como autor de los hechos a Manuel Romeral Frías. Afirma que en junio de 2016 y mayo de 2917 se produjeron situaciones similares y que los nuevos pasquines son idénticos. Manuel Frías ya ha sido absuelto de dos denuncias anteriores, con lo que la juez Garde es reincidente en su estrategia. La denuncia, contra toda lógica, ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de Majadahonda, en lo que fuentes jurídicas califican de «solidaridad gremial y corporativa».
Manuel Romeral Frías y la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción vienen denunciando la proliferación abusiva, una auténtica plaga, de denuncias falsas de la llamada violencia de género. Esta persecución judicial de la polémica juez Garde se interpreta, según fuentes solventes, como un intento de acallar esa denuncia por el eco que ya ha conseguido en la opinión pública.