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Italia establece la ayuda universal de 780 euros mensuales con preferencia nacional

Redacción




Virginia Montes.

Italia establece una ayuda universal que introduce un claro elemento de preferencia nacional. Los italianos tendrán que demostrar que viven en Italia en los dos últimos años, mientras ese periodo se alarga a 10 para los extranjeros. Poco a poco, la idea ha hecho su nido. La promesa de campaña de la coalición del gobierno italiano, el ingreso de la ciudadanía (RDC) se creó el jueves 17 de enero con decretos y la edad de jubilación se redujo de 67 a 62 años. Un cambio social buscado por el antisistema Luigi Di Maio (Movimiento 5 Estrellas), Viceprimer Ministro, pero que beneficiará primero a los italianos, según el deseo del otro Viceprimer Ministro, Matteo Salvini (La Liga). El Parlamento tendrá que validar estos decretos-leyes dentro de 60 días.

Un «nuevo estado de bienestar»

«Este gobierno está cumpliendo sus promesas» . Giuseppe Conte, el jefe de gobierno, está orgulloso de su golpe. En una conferencia de prensa el jueves, anunció la próxima entrada en vigor de los llamados «ingresos de ciudadanía» (DRC) evocando el nacimiento de un «nuevo estado de bienestar». El RDC implicará a los 5 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza en Italia, especialmente mediante la promoción de la reintegración y la reactivación de la economía por demanda. Será de 780 euros mensuales para una sola persona, una cantidad que puede variar según la situación de la vivienda durante un período de 18 meses.

Un impulso a los pobres; los extranjeros no tendrán derecho a las mismas condiciones. En su caso, deben justificar vivir en Italia durante al menos diez años, contra dos años para los italianos. Los beneficiarios del RDC no podrán rechazar más de dos ofertas de trabajo, la segunda de las cuales puede ser de hasta 250 km desde su hogar y la tercera en todo el país. Las empresas que contraten se beneficiarán de las deducciones fiscales. Las primeras entregas de las ayudas tendrán lugar en abril, pocas semanas antes de las elecciones europeas. Una medida que debería costar 7 mil millones de euros al gobierno.