Editorial.
La democracia es el sistema que permite la alternancia sin derramamiento de sangre, sin el uso de la violencia. Establecer una confrontación sobre los resultados electorales, porque el pueblo soberano ha vuelto la espalda a Podemos, es una gravísima irresponsabilidad y significa abrir la espiral de la guerra civil, de la confrontación en las calles.
Desde la misma noche electoral, ese mindundi político que es Pablo Iglesias adoptó esa peligrosa actitud directamente antidemocrática lanzando lo que denominó una «alerta antifascista». Era la exhibición de una enorme frustración por los resultados electorales, notoriamente contrarios a los intereses y las expectativas de Podemos. De inmediato unos pocos miles se manifestaron por las calles andaluzas contra el legítimo resultado electoral. Dirigentes de Podemos vienen alentando la posibilidad de manifestaciones y concentración ante el Parlamento andaluz en el día de la investidura. El Gobierno viene haciendo dejación de su función fundamental de mantenimiento del orden público y no ha procedido a la detención y el encausamiento de las personas que están perpetrando tan graves actos de incitación al odio y la violencia.
Todos esos llamamientos tienen una especial fijación en el partido Vox, al que se trata de acosar y hostigar para que no tenga presencia pública o para que la celebración de sus actos se produzca en un clima disuasorio de terror. Esta estrategia de confrontación está siendo mimetizada por los separatistas catalanes. Los sucesos de Sitges, en su condición embrionaria, revisten una extraordinaria gravedad. Militanes de Vox han sido acosados por una turba sediciosa. Con anterioridad grupos cercanos a Podemos, un partido en proceso de deterioro moral y político, se contramanifestaron contra un acto de Vox en Murcia.
Existe el derecho de manifestación pero no el de contramanifestación, que no es más que el intento de coaccionar el ejercicio de un derecho fundamental. Carece de sentido que el derecho de manifestación y reunión sea protegido por cordones policiales, que separan a quienes ejercen un derecho de los que lo coartan. Eso no es defender el orden público que debe ser impuesto contra los agresores, no estableciendo una falsa equidistancia, como si quienes ejercer el derecho de manifestación fueran algo así como provocadores.
El Gobierno de Pedro Sánchez en su empeño de mantenerse a cualquier precio en La Moncloa está asumiendo una responsabilidad histórica. Si el Gobierno y las Fuerzas de Orden Público no tienen ni la voluntad ni la decencia de asegurar los derechos de los ciudadanos tendrán que ser estos, según el principio de legítima defensa, los que los hagan valer.
Podemos está recurriendo a la violencia porque los españoles están volviendo la espalda a esa farsa.