Javier de la Calle.
Las cosas se le complican cada vez más a Ciudadanos en un punto tan sensible y nuclear como la financiación. Y en varios frentes, cuestión delicada para una formación que incide en su discurso en la transparencia y la regeneración, pero que parece ser ejemplo de todo lo contrario.
Rambla Libre ha tenido acceso al documento público emitido por la secretaria general del Tribunal de Cuentas, Esther Riquelme Mas, para abrir investigación, con nombramiento de delegado instructor, a Javier Millán, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla y en la Diputación, José Manuel Villegas, secretario general del partido naranja, y Santiago Cuadrado, responsable de Finanzas. La decisión se adopta a raíz de la denuncia de un exasesor de la Diputación de Sevilla y se refiere a la utilización de las asignaciones de los grupos institucionales de los Ayuntamientos de Sevilla y Alcalá de Guadaira y la Diputación de Sevilla.
Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Rambla Libre, Ciudadanos se estaría financiando de las instituciones en lo que podría constituir un presunto delito de malversación de fondos públicos, mediante la apertura de una cuenta corriente en el Banco Popular en el que figuran como apoderados José Manuel Villegas y Santiago Cuadrado, en la que se ingresan las asignaciones institucionales mensuales para funcionamiento de los grupos, y de las que el partido Ciudadanos se estaría quedando con el 30% con la cobertura de un contrato mercantil de prestaciones de servicios que podría ser un presunto fraude de ley.
Según fuentes solventes consultadas por Rambla Libre, esta práctica de Ciudadanos se está produciendo en todo el territorio nacional y no consta que esa presunta apropiación del 30% de las asignaciones esté avalada por facturas ni que Ciudadanos esté pagando el impuesto de sociedades.