Enrique de Diego.
Los misterios que rodean a la muerte del magnate Emilio Botín y los escándalos que se han ido sucediendo en torno a ese fallecimiento y a su polémica sucesión van a tener que ser desvelados, al menos en la parte referida a si Ana Patricia Botín fue objeto de algún chantaje, puesto que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid ha decidido llamarla a declarar como testigo.
Esta decisión se enmarca dentro de la demanda por derecho al honor presentada por Miguel Bernad contra el periodista de Abc, Javier Chicote, contra el director del citado medio, Bieito Rubido, y subsidariamente contra Abc por haberle acusado de someter a chantaje a la actual presidenta del Banco de Santander. En lo que parece una filtración interesada desde instancias oficiales, con acceso al disco duro del ordenador de Miguel Bernad, el periodista Javier Chicote publicó reiteradamente que Bernard chantajeó a Ana Patricia Botín con una denuncia presentada por Carlos Javier Sánchez Vico en los Juzgados en la que se afirmaba que la muerte de Emilio Botín no fue natural sino que se trató de un asesinato, en el que la presunta autora intelectual sería su propia hija Ana Patricia, mientras el ejecutor habría sido un supuesto narcotraficante colombiano, que se citaba como Jesús Samper Gaviria, que habría perpetrado el crimen en el lujoso apartamento que estaba habilitado como vivienda habitual de Emilio Botín en la Ciudad Financiera del Banco de Santander en Boadilla del Monte. Para ello habría contado con l colaboración de responsables de seguridad del Banco, entre los que señalaban a Carlos Martínez, Carlos Rubio y Manuel García Entrena.
Miguel Bernad tuvo una entrevista con Carlos Javier Sánchez-Vico, a petición de éste, en la sede del sinicato Manos Limpias, en la que éste hizo entrega de un acta notarial con el relato de esta acusación. Bernad puso en conocimiento de Ana Patricia Botín, a través de una sucursal del Banco de Santander, de la circulación de esta historia, y también hizo entrega del acta notarial en la Fiscalía General del Estado, en una reunión tenida con tres mujeres fiscales, en aras a que se investigara si se trataba de un posible chantaje. Esta intervención fue tergiversada de manera presuntamente maliciosa por Javier Chicote y el Abc presentando a Bernad como un extorsionador, dentro de una campaña de demolición personal, a raíz de su ingreso en prisión preventiva ordenada por el juez Santiago Pedraz.
La historia sobre el presunto asesinato, que duerme el sueño de los justos en los Juzgados de Madrid, en el fondo fue difundida y amplificada por Abc, con mucha torpeza, y se movía dentro de un contexto de misterio. Diversas fuentes, y portales especializados en información económica, establecieron la suposición de que Emilio Botín murió en su apartamento de la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte, y no en su chalet de Somosaguas, como pretendió escenificar la familia, puesto que el matrimonio del magnate con Paloma O’shea hacía décadas que era una ficción, en la que simplemente se mantenían las apariencias.
El distancimiento de Emilio Botín era general con su familia y especificamente con su hija Ana Patricia, y se había intensificado desde que el magnate había iniciado una relación afectiva con María Sánchez Corral, directora de Márketing Corporativo y Marca del Banco de Santander, con la que Emilio Botín pretendía casarse de manera inmediata, lo que hubiera establecido sombras muy serias sobre el traspaso ordenado de la cuantiosa herencia y el puesto de presidente de la entidad bancaria.
La declaración como testigo de Ana Patricia Botín en los Juzgados al menos servirá para despejar el hecho de que hubiera sido objeto de chantaje en torno a la muerte de su padre y, sin duda, despertará un elevado morbo mediático y social.
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