Josep Sansano.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establece que corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia. Igualmente la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial señala que en los Juzgados de Paz de poblaciones de más de 7.000 habitantes prestarán servicio funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con arreglo a las plazas que se prevean en la plantilla de dichos Cuerpos. Sin embargo, al día de hoy el Ayuntamiento de Monforte del Cid sigue indebidamente corriendo con los gastos del personal del Juzgado de Paz, mientras el equipo de gobierno se escuda en la falta de recursos para no dotar de transporte a las urbanizaciones, para no fumigar contra la plaga del mosquito tigre o para no aumentar los recursos para ayudas sociales o académicas.
Por ello, la anterior Alcaldesa de Monforte del Cid, la popular Antonia Cervera Carrasco, remitió dos escritos en 2011 al entonces Consejero de Justicia de la Generalidad Valenciana solicitando que la Comunidad Autónoma se hiciera cargo del personal del Juzgado de Paz de Monforte del Cid y que abonase el coste hasta entonces asumido por el Ayuntamiento, cantidad que entonces ascendía a 154.496.- €. La Generalidad ignoró esta demanda y el Ayuntamiento de Monforte del Cid siguió asumiendo el coste del personal del juzgado de modo que a finales de 2015 la deuda de la Generalidad con el Ayuntamiento por este concepto ascendía a 309.000.- euros. Sin embargo, la nueva Alcaldesa, ignorando los avisos de los técnicos municipales, no renovó en 2015 la reclamación de su antecesora y el Ayuntamiento monfortino perdió entonces el derecho a reclamar los 154.496.- euros del primer cuatrienio, al prescribir su derecho. Lo mismo ha ocurrido con los importes de 2012,2013 y 2014 que ascienden a 115.875 euros perdidos. Es decir, Monforte del Cid ya no puede reclamar el abono por parte de la Generalidad del coste del personal del juzgado de Paz entre 2007 y 2014 que ascendió a 270.375 euros. Y todo parece indicar que la Alcaldesa de IU tampoco ha reclamado a día de hoy el pago de otros 154.500 euros correspondientes al período 2015-2018.
La sumisión al tripartito de Valencia por parte de la actual Alcaldesa ha llegado al extremo de, no sólo no reclamar este dinero, sino de adscribir más personal del Ayuntamiento para el funcionamiento del juzgado dependiente de la Consellería de Justicia Valenciana. En una decisión sin precedentes, la alcaldesa ha adscrito en exclusiva al único notificador municipal al Juzgado, teniendo que realizar ahora las notificaciones municipales la Policía local o personal interino sin cualificación. Con ello, el gasto de personal del Juzgado de Paz indebidamente asumido por el Ayuntamiento supera ahora los 80.000 euros anuales. Todo un ejemplo de incompetencia, de despilfarro, de ausencia de una política de personal coherente y de desprecio hacia los intereses de los Monfortinos.