Javier de la Calle.
Ana Botella fue una alcaldesa favorecedora de los fondos buitre, campo en el que trabaja su primogénito. Ahora ella y otros siete miembros de su Gobierno corrupto son condenados a pagar por el Tribunal de Cuentas 25 millones por la venta de pisos públicos, muchos con inquilinos dentro, a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio muy por debajo del mercado en 2013.
La sentencia llega tras una demanda de Ayuntamiento de Madrid y es referente a 1.860 viviendas públicas protegidas. Así las cosas, el Tribunal estima en parte la demanda presentada en 2017 por Manuela Carmena, que reclamaba un daño patrimonial superior a los 55 millones de euros.
La venta se realizó por debajo del precio de mercado tal y como en su día reconocieron los informes de tasación y la Cámara de Cuentas que en 2016 ya alertó de las irregularidades con las que realizaron estas ventas de vivienda pública.
El verdadero pelotazo lo dio Blackstone (Fidere) con la connivencia de la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella . Entre 2012 y 2013 el fondo de inversión pagó algo más de 128 millones de euros por 1.860 Viviendas de Protección Oficial (VPO) con inquilinos en su interior. En un año, las plusvalías se acercaron al 200 por 100.