Editorial.
El portavoz de la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha presentado una querella contra nuestro editor, Enrique de Diego. Se trata de una querella sin fundamento, maliciosa y temeraria que constituye un alevoso ataque a la libertad de expresión que desacredita al partido Ciudadanos. Pedir a estas alturas cárcel para un periodista cuando no ha hecho más que informar verazmente hace dudar de los instintos básicos democráticos tanto de Ignacio Aguado como de Ciudadanos, pues siendo un partido muy jerarquizado, cuyos cargos no son elegidos democráticamente, sino que actúan por representación, el responsable último de la querella es Albert Rivera, un personaje que lo mismo ha ido con Libertas, que ha sido socialdemócrata que liberal, todo un poema de firmeza en las convicciones.
De fondo, lo que se dirime es la financiación de Ciudadanos. La de la campaña de 2015 que fue por completo irregular e ilegal; es decir, al margen de los cauces legales, en la que cada candidato tenía que pagarse su propia campaña, no a través de las cuentas del partido, sino a través de sus empresas, autónomos. En Fuenlabrada se llegó a la exigencia de que los cinco primeros de la lista tenían que poner 11.000 euros, decisión que se comunica como tomada por “Madrid” justo después de que Ignacio Aguado girará visita a esa ciudad madrileña. Eso suena, la verdad, a compraventa de puestos. En San Sebastián de los Reyes se cambió al número uno de la lista al llegar uno que ponía 18.000 euros, como se ha informado en el Senado, en la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos. El Tribunal de Cuentas abrió un expediente sancionador a Ciudadanos al detectar que terceras personas habían pagado la campaña. Se trató de un modus operandi general del que se benefició Ignacio Aguado como candidato.
¿Qué pretende este liberticida con una querella tan infundada contra una información tan veraz? Se trata de un error mayúsculo y de un horror, porque acogiéndose Enrique de Diego a la exceptio veritatis se trata de dirimir, con los instrumentos del Estado de Derecho, si la financiación de Ciudadanos fue –y es´- ilegal y si se cometieron delitos. Y si la financiación ahora responde a lo establecido por la Ley o si Ciudadanos se está financiando de las instituciones, obligando a todos los grupos municipales y autonómicos a abrir una cuenta de ingresos, en la que aparecen como apoderados Santiago Cuadrado, responsable de finanzas, y José Manuel Villegas, secretario general, en la que el partido Ciudadanos se queda con el 30% de las subvenciones mediante un contrato mercantil que suena demasiado a fraude de ley.
Se ha acabado la inmunidad para Ciudadanos y el mirar para otra parte. Hay que agradecer que Ignacio Aguado con su torpeza haya abierto la caja de Pandora de la financiación de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.