Editorial.
No participamos de los efluvios pasionales favorables a la Constitución de 1978 que hoy tendrán su correspondiente ceremonial de la casta. No consideramos que el balance de la Constitución de 1978, y el proceso conocido oficialmente como la transición, hayan sido positivos para los españoles. Y renovamos nuestra convicción de que la solución para los males de España estriba en una República presidencialista, con sistema mayoritario de elección de representantes por distritos y división de poderes.
El balance económico de estos cuarenta años, que se aduce como un elemento de contrastación benigna a favor de la Constitución nos parece una quimera impuesto mediante la propaganda. No está avalada por los hechos y las cifras. El crecimiento del PIB español fue de una media del 6,6% entre 1950 y 1975, mientras que desde entonces la media ha sido de sólo el 1,5%. El proceso de la transición se fundamentó en la estabilidad de una amplia clase media que en el año 1975 representaba el 56% de la sociedad, mientras actualmente ha bajado al 43%. España ocupaba el puesto número 10 mundial por PIB y ahora se sitúa en el 14. Los niveles de renta de los españoles se situaban en el 83% de la media europea y actualmente en el 71%. La participación de la industria en el PIB nacional era del 36% en 1975 y ahora ha bajado al 15%.
En términos políticos, la unidad de España está intensamente cuestionada en Cataluña, donde está en curso un proceso golpista secesionista; en Vascongadas, donde también está en marcha un nuevo Estatuto que declara la independencia de ese territorio; en Navarra, donde gobiernan los separatistas y a los que se está concediendo la salida de la Guardia Civil de Tráfico.
España ha sido desnacionalizada; sus símbolos han sido agredidos, sus tradiciones, criminalizadas. Las fuerzas centrífugas se pusieron en marcha con la Constitución mediante un modelo territorial ineficiente, que ha creado una vasta e insostenible casta parasitaria. El contribuyente español soporta al Gobierno central y a 17 otros gobiernos de mini-estados y los consiguientes parlamentos, que han desarrollado legislaciones estableciendo barreras entre unos territorios y otros.
Los políticos son la nueva aristocracia de la monarquía instaurada. La España de las autonomías es una inmensa compraventa de voluntades para evitar el debate monarquía-república, que tendrá que producirse. La monarquía no ha sido la solución, sino el problema. La monarquía, como sistema antinatural, conlleva la cesión permanente. Por tanto, en términos objetivos, conduce a la destrucción de España.
Ciertamente, los enemigos de España y su unidad se presentan como republicanos, tratando todos ellos de acogerse a una inexistente legitimidad histórica de la II República, y planteando formas bolcheviques republicanas o simplemente rupturistas. Eso hace, como reacción instintiva, que la mayoría de los españoles que demuestran su patriotismo y su amor a España se refugien en la adhesión de la monarquía y a la Constitución, cuyo título VIII contiene el germen de la destrucción.
Renovamos, en este 40 aniversario de la nefasta Constitución de 1978, nuestra adhesión racional a la República presidencialista, en la que el presidente sea elegido por todo el cuerpo nacional, de forma que no dependa de ningún territorio ni esté al albur del chantaje de ninguna minoría separatista. Una República presidencialista con total división de poderes, en la que el legislativo sea elegido en distritos uninominales por sistema mayoritario. Y en la que el Poder Judicial sea plenamente independiente, elegido dentro de un sistema corporativo.
Sólo ese modelo, sostenido como propuesta con especial fortaleza y dignidad por Antonio García Trevijano, es el que podrá asegurar el futuro de España y la unidad de la nación preexistente.