Luis Bru
Nunca como en la campaña de las elecciones andaluzas la tiranía mediática se había atrevido tanto y había llegado tan lejos. Los españoles, y específicamente los andaluces, han sido sometidos a la tortura mediática de ver, escuchar y leer una catarata de diatribas contra un partido, Vox, cuyos mensajes han sido celosamente ocultados.
No se ha dado información de las citas, para intentar que acudiera el menor número de gente, no se ha dado información de los actos, para que los mensajes no llegaran, pero esta tenaz conjura de silencio se ha acompañado de una obsesiva y creciente criminalización. El sistema utiliza contra quienes pones en riesgo el statu quo y los privilegios de la casta tres estrategias por etapas: 1) ostracismo o conjura de silencio; 2) criminalización; 3) demolición personal. En este caso, las dos primeras fases se han entremezclado produciendo una situación absurda de confusión.
Los ciudadanos han ido pudiendo saber que Vox llevaba una línea ascendente porque así ha ido apareciendo en las encuestas. También han recibido los mensajes contra Vox de sus oponentes políticos o han podido comprobar como ese partido centraba los debates electorales, a pesar de no estar presente. Pero, como tal, Vox no ha existido.
La tiranía mediática se ha escudado en el carácter extraparlamentario de Vox, que rige para los debates, pero lo ha utilizado a conveniencia como criterio mediático general para la campaña. Es una completa negación del periodismo y de la noticia, porque Vox era y es noticia, es de hecho la novedad o noticia más relevante y la prueba está en que en esos debates electorales el partido de Francisco Serrano y Santiago Abascal han estado muy presentes.
Ese criterio de silencio basado en la condición de extraparlamentario no rigió ni con Podemos ni con Ciudadanos, que son en buena medida dos productos de márketing mediático, a los que se concedió –y concede- el prime time como forma de alentar la recogida del malestar ciudadano con el bipartidismo y la casta mediante una disidencia controlada, hasta llegar a niveles de coartada.
A Vox se le ha negado incluso el derecho de réplica, porque ni tan siquiera ha podido responder a los ataques de los contrincantes. La neurosis obsesiva criminalizadora contra Vox ha ido creciendo hasta el ataque desaforado, una auténtica excomunión laica, de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que suena a intento futuro de ilegalización.
La confluencia del silencio más espeso con la criminalización más pertinaz es la abjuración de los medios de su condición de tales y su completo descrédito como meros instrumentos de privilegios económicos de la élite. Que Vox era la noticia ocultada queda reflejado en los titulares de El Mundo, “los partidos cierran la campaña andaluza tensionados por el efecto Vox”, o La Razón, “Andalucía cierra su campaña con ‘nervios’, ‘esperanza’ y la incógnita de Vox”. Sin embargo, los medios no han ofrecido crónicas del cierre de campaña en el Muelle de las Maravillas de Sevilla, siguiendo la tónica general de la campaña. Se ha informado sólo contra Vox pero no sobre Vox,
Los periodistas, propiamente, han dejado de existir. Responden como autómatas a las directrices de los grupos empresariales, de sus consejos de Administración, que han sido primados con licencias administrativas por el poder político dominante, cuyos miembros muchas veces tienen intereses en otros sectores y les conviene tener relaciones fluidas, auténticos tráficos de influencias, con los gobernantes; los medios se alimentan, en buena medida, de la publicidad institucional y de las grandes carteras publicitarias de las empresas del Ibex, que se mueven en sectores regulados o de oligopolio.
De esa forma, unos pocos son capaces de establecer consignas generales sobre lo que se debe decir o no, o sobre quienes tienen derecho o no a expresar sus opiniones. Se ha establecido, de esa manera, una ideología imperante, una auténtica ortodoxia en la que tiene cabida la mentira y la amoralidad, pero no, por ejemplo, la defensa del derecho a la vida, el rechazo de la inmigración invasiva o a la ideología de género. Cuando Carmen Calvo habla de la inconstitucional de Vox le da a la Constitución un sesgo que no tiene en esta línea de imposiciones ideológicas perversas.
Todas las televisiones y los grandes medios han participado en las dos estrategias descritas, desde Antena 3 y La Sexta, hasta Telecinco y la Cuatro, incluyendo a Trece y, por supuesto, a Canal Sur, el aparato de propaganda de Susana Díaz.
En el último tramo se ha iniciado –parece que demasiado tarde, a la vista del fracaso del ostracismo y la criminalización- la tercera fase, la de la demolición, con la búsqueda de fisuras en la financiación de Vox.