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Denuncian internacionalmente la implicación de Margarita Robles en el robo de una bebé en Barcelona

Redacción




Virginia Montes.
Consuelo García del Cid Guerra, la escritora e investigadora española, presidenta de la Asociación «Desterradas hijas de Eva«, conferenció el pasado 19 de septiembre en la OSCE (Reunión de la Dimensión de Implementación Humana) en la ciudad de Varsovia (Polonia). Dicha conferencia, que se celebra anualmente, es la más importante de Europa y está organizada por la Oficina de Derechos Democráticos.
Consuelo García del Cid Guerra. /Foto: ramblalibre.com.

La escritora española denunció ante los 57 estados participantes la realidad de los servicios sociales españoles, haciendo hincapié en la retirada de tutelas con informes falsos y manipulados. Se reunió con el representante del Ministerio de Exteriores español de la OSCE, entregando documentación. Entre ella, la que supuestamente implica a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando en 1987 era Jueza Decana del Tribunal Tutelar de Menores, quien firmó deshaciendo el desamparo de una menor de 15 años tutelada por DGAIA (Servicios Sociales de Cataluña), dejándola en la calle, desamparada, con 16 puntos de sutura y una hemorragia pos parto tras decirle en la Clínica Dexeus que había dado a luz un varón muerto. 27 años después supo que no tuvo un varón, sino una niña que la estaba buscando y finalmente encontró a su madre :«Nunca dejaron de robar niños. La España ahora socialista no pide explicaciones a su actual Ministra de Defensa, quien, siendo la máxima responsable del Tribunal Tutelar de Menores, firmó los documentos finales del robo de un bebé». 

Consuelo García del Cid expuso ante toda Europa la denuncia social pertinente, solicitando la dimisión de la Ministra de Defensa. Asimismo, habló también de un «sistema europeo» de retirada de tutelas, mencionando Alemania, Francia y Noruega:  «España no es una excepción, estamos ante un sistema europeo que se basa en indicios tan débiles como falsos sentenciando “incompetencias familiares” para convertir nuestros niños en Hijos del Estado. De muchos países europeos llegan denuncias del mismo tipo de abusos por los servicios de protección de la infancia, que actúan del mismo modo. Jugendamt, en 21 años quitó más de 628 mil niños. Los defensores de los derechos humanos emitieron un informe a la Unión Europea, indicando que durante los últimos 70 años, en Noruega, el servicio de Barnevernet se ha apoderado de casi 250 mil niños, cuando en este país la cantidad total de niños es sólo de un millón. En Francia se retiran sobre los 300 mil, por lo que estamos hablando de un sistema europeo de dimensión internacional. Por tanto, urge abrir un debate internacional sobre las implicaciones que supone el cumplimiento de estos tratados internacionales y las consecuencias de su desarrollo en la legislación nacional, una reforma de la Ley Orgánica 1/ 1996 de Protección del Menor, y dar voz a las asociaciones y colectivos que conocen de primera mano el sufrimiento que produce en las niñas y niños estos arrancamientos, creando grupos de trabajo que elevarán sus conclusiones a los partidos políticos para cuantas modificaciones sean necesarias. También es necesaria la protección inmediata de la infancia, creando sistemas de trabajo y valoración, donde los menores sean escuchados en los ámbitos que les conciernen y su testimonio sea reconocido como veraz».
España no facilita cifras, oculta el número de niños tutelados, y los procesos se extienden de forma impune a través de puertas giratorias en manos de funcionarios que tienen poder absoluto para separar hijos de sus familias. La escritora solicitó « ayuda económica a las familias desfavorecidas en caso de extrema y urgente necesidad, en lugar de pagar a las familias acogedoras, con el fin de que prevalezca la permanencia de los menores en su hogar y con sus familias, primando siempre a la unidad familiar por encima de cualquier otra decisión contraria». Insistió, también, en que  «las resoluciones de desamparo y desprotección sean decretadas por un Juzgado donde las garantías e intereses de las familias estén completamente protegidos, obligando a demostrar de forma inexcusable la resolución y garantizando el derecho a defensa de las familias de forma transparente y sin intermediarios administrativos impuestos que ostenten su parcela de poder hasta ahora indiscutible».
Consuelo García del Cid está en manos de la justicia española, acusada un delito de «calumnias con publicidad» por su conferencia en en Senado, que tuvo lugar en mayo de 2017, así como por las manifestaciones plasmadas en su último libro, un ensayo político titulado «El desmadre de los servicios sociales». Sobre ella se ha aplicado una vez más la ley mordaza por denunciar sin reparos la realidad del sistema.