Javier de la Calle.
Mónica Lora avisa de que interpondrá las denuncias correspondientes contra el gobierno municipal y los que hayan aprobado la propuesta si se cumple el objetivo de empadronar a cualquier persona, ya que podrían estar prevaricando y les recuerda que empadronar a un ilegal es delito
Ayer el Ayuntamiento de Mataró aprobó una propuesta de resolución sobre el derecho al empadronamiento sin domicilio fijo. Se aprobó con los votos a favor CiU, ERC-MOVIMENT D’ESQUERRES, CUP, ICV-EUiA, VOLEMATARO, y las dos concejalas no adscritas.
La secretaria general de PxC y concejal de Mataró, Mónica Lora, fue la que más claro habló, sin pelos en la lengua y desde el sentido común. En su comienzo, hizo alusión en la línea que «por la gente que ha venido al pleno a apoyar esta propuesta ya se puede intuir a quién va encaminada».
En su intervención para defender su voto contrario a la propuesta dijo que «esta propuesta es para ponerse las manos a la cabeza porque en el fondo lo que quieren con ella es legalizar la irregularidad de cualquier persona, además piden de no facilitar el padrón a la policía sino a los técnicos municipales». En este sentido continuó diciendo que “lo que tendría que hacer el Ayuntamiento es entregar el padrón a la Policía Nacional para poder controlar quién entra a la ciudad, quien se empadrona y velar así por la seguridad de todos».
Lora siguió argumentando que «lo único que puede provocar esto es un auténtico efecto-llamada hacia nuestra ciudad y encontrarnos con muchas solicitudes de personas que querrán empadronarse para ser usuarias de servicios sociales».
Además, intervino en el sentido que la propuesta tal como la expusieron, “supone una interpretación que llegan a la conclusión de una serie de cosas que no permiten normas estatales. Y esta interpretación legislativa que hacen no es competencia del Ayuntamiento, sino estatal”. En este sentido Lora recalcó que «lo que ustedes han hecho es ilustrarnos con artículos de leyes, pero sólo de forma parcial, las partes que les han interesado. Y alguna de ellas se contradicen con otras normas de rango superior». Y en este sentido pidió un informe de los Servicios juridicos del Ayuntamiento sobre esta propuesta.
Lora advirtió sobre todo al señor alcalde David Bote de qué «si esta propuesta llena de contradicciones, de dudas y de una intencionalidad claramente suicida, se lleva a cabo en su totalidad de la forma que en la propuesta se dice, podrían estar incurriendo en una prevaricación y/o delito, ya que les recuerdo que el empadronamiento ilegal es un delito y si se diera el caso interpondremos las denuncias correspondientes contra los que lo impulsen y hayan apoyado» ya que esta misma propuesta la han aprobado ellos en otros ayuntamientos.
Lora aprovechó la intervención del pleno para preguntarle al señor Alcalde David Bote «si se cumple con la resolución del 28 de abril del 2005 del instituto nacional de estadística, que pide que todos los empadronamientos no comunitarios que no se renueven cada dos años, se tienen que dar de baja automáticamente».