Josep Sansano.
Van de incorruptos, sobre todo los de Compromís, pero, en realidad, simplemente unen la corrupción irrestricta a la más completa hipocresía. PSOE y Compromís han utilizado Divalterra SA -la antigua Imelsa- como un auténtico cortijo, de forma absolutamente caciquil.
Rambla Libre ha tenido acceso a la denuncia presentada por Jorge Ochando Cantero, consejero de Divalterra, contra Jorge Rodríguez Gramage, Xavier Simon Alventosa, Agustina Brines Sirerol y Jorge Cuerda Mas. El 24 de julio de 2.015, se nombran dos gerentes de Divalterra, uno del PSOE y otro de Compromís, con contratos de alta dirección. Hay, pues, un reparto de puestos desde la cúpula con carácter partidario, sin convocatoria pública, como es preceptivo, atendiendo a los criterios legales de publicidad, mérito y capacidad.
En noviembre de 2.015, de manera igualmente ilegal, y con contratos de alta dirección, se contrataron siete directores de área, 3 del PSOE y de Compromís, con contratos de alta dirección, y sueldos de 50.000 euros más gastos de desplazamiento «desde su casa«; en total, 75.000 euros. El gasto de dinero público que representa toda esta digitalización de los dos partidos coaligados en la Diputación de Valencia asciende a 2,5 millones de euros.
A pesar de las protestas en el Consejo de Administración, y de informes señalando la ilegalidad de los contratos, por la necesidad de convocar la plaza pública con concurrencia, Jorge Rodríguez siguió tomando decisiones en la misma línea lo que, además, puede entrar en el terreno de presunto delito de prevaricación, adoptando resoluciones claramente arbitrarias.
En diciembre de 2.016, dimite Víctor Sahuquillo, gerente, militante del PSOE, pero no los directores de área dependientes de él, lo que sugiere un reparto de cargos entre los partidos sin relación con la gestión; una especie de liberados a dedo. El 19 de febrero de 2.018 se nombran dos altos directivos más.
En su denuncia, Jorge Ochando sugiere que detrás hay financiación irregular de los partidos PSOE y Compromís, y que los altos cargos tienen que dar una parte de su sueldo a esas formaciones a cambio de su nombramiento.