Miguel Sempere.
Se supone que el Consejo General del Poder Judicial debe ser especialmente escrupuloso en el cumplimiento de la Ley, máxime en una cuestión tan delicada como la Protección de Datos. Pues no es así. Manuel Romeral, presidente de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, ha denunciado al organismo del poder de los jueces ante la Agencia de Protección de Datos.
El Consejo General del Poder Judicial ha concedido amparo a la juez del Juzgado de Familia número 28 de Madrid, Emilia Marta Sánchez Alonso, una decisión cuestionable que parece pretender recortar derechos fundamentales como el de libertad de expresión, pero en vez de comunicar la resolución a los interesados lo que hizo fue filtrar la noticia a la prensa y, no sólo eso, también desveló sus datos.
La denuncia ante la Agencia de Protección de Datos se presenta «por haber dado traslado a los medios de comunicación de mis datos de carácter personal sin mi consentimiento explícito, violando mi intimidad y mi propia imagen, así como ni honorabilidad».
Manuel Romeral considera que el Consejo General del Poder Judicial ha actuado «con muy mala fe y con el objeto de desacreditar mi persona y perjudicarme en el ámbito profesional y personal».