Editorial.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido destruir la sociedad española mediante una política de inmigración que aboca al suicido colectivo y que tendrá funestas consecuencias. Con cándida ingenuidad, y atrapado en una ideología fracasada y periclitada, el presidente del Gobierno es incapaz de percibir que está provocando un efecto llamada, incluso negando esa evidencia afirma, dentro de las tendencias a la verborragia sentimentaloide, que producirá un «efecto solidaridad» en la Unión Europea.
Abrir los puertos españoles a los barcos esclavistas de las ONGs, concediéndoles el estatus de refugiados, ofrecer Sanidad gratis, premiar con ayudas sociales superiores a las que puede percibir los españoles, retirar obstáculos en las vallas de Ceuta y Melilla es un conjunto demoledor de provocaciones a situar España como la puerta de entrada en Europa. La semana pasada el número de inmigrantes que recalaron en las costas españolas, y pasaron a depender del contribuyente, se acercó a los 2.000. Sin incrementar ese ritmo, España tendría que asumir 100.000 inmigrantes africanos en un año. Con sorna, Matteo Salvini ha afirmado que «espero que acoja otros 66.000. Nosotros no nos vamos a ofender».
El 71% de los italianos respaldan la postura firme de Salvini; un tercio de los votantes socialistas del Partido Demócrata de Italia apoya las medidas de Salvini; el 56% de los franceses consideran que Francia no debía acoger al Aquarius, el 90% de los alemanes están a favor de la deportación en la frontera. Eso del «efecto solidaridad» es una soberana estupidez. La solidaridad parece ser la caridad con el dinero de los demás.
La inmigración se ha convertido en un negocio para los socialistas pero en un desastre para la nación. Ya no son capaces de sostener ninguna de las mentiras económicas con las que desarmaron a la sociedad años atrás, como la de que venían a pagarnos las pensiones. Al contrario, la inmigración va a dejarnos sin pensiones. Sólo la medida de conceder sanidad gratis -es decir, a cargo del contribuyente- a los inmigrantes ilegales costará 3.000 millones de euros; un dinero que sería preciso para sostener el sistema de pensiones.
Lo que ha establecido el Gobierno de Pedro Sánchez es un criterio humanitario y de demolición del Estado debilitando sus fronteras. Se pretende, al parecer, de una forma alternativa de lucha contra el hambre. Esto es una quimera: África no cabe en Europa. Los que arriban han reunido el dinero para pagar a las mafias y recalan para ser sostenidos por el contribuyente español.
No va a haber ningún «efecto de solidaridad» en Europa, que está de vuelta, consciente de que la inmigración no ha traído más que problemas, algunos de ellos de extrema gravedad, como el terrorismo o el incremento de la inseguridad: los crímenes violentos en Alemania están protagonizados 5 veces más por extranjeros que por alemanes y 15 veces más por clandestinos; las violaciones, 10 veces más por extranjeros y 42 veces más por clandestinos.
Actualmente, la población reclusa en España ha alcanzado niveles récord. En octubre de 2016, el total de recluso en las cárceles era de 60.175, de los que 55.636 son hombres y 4.539, mujeres, según datos oficiales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
De esos 60.175, el total de extranjeros que el contribuyente español ha de mantener en las prisiones es de 17.147, de los que 15.861 son hombres y 1.281 mujeres. 1 de cada 3,2 reclusos en nuestras cárceles es extranjero. Una relación, ciertamente, alarmante, que implica un fuerte incremento de la delincuencia y la criminalidad derivado de la inmigración.
Según datos del Ministerio del Interior, el 25% de la población reclusa extranjera es de nacionalidad marroquí; de los algo más de 300 asesinatos que se cometen al año en España, el 18% son cometidos por marroquíes.
El contribuyente español paga, muy cara, la estancia de las cárceles de personas que han venido a delinquir. En concreto, esos 17.147 presos cuestan más de 406 millones de euros anuales, pues el coste anual por preso está estimado en 23.725 euros.