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Exclusiva: El Ayuntamiento de Leganés vulneró derechos fundamentales de Carlos Delgado, portavoz de ULEG

Redacción




Javier de la Calle.

Vaparalo judicial contra el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y el equipo de gobierno. La sala de lo contencioso administrativo 2 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sentenciado que el equipo de Gobierno del PSOE vulneró de manera reiterada y grave el derecho de participación política del portavoz de ULEG, Carlos Delgado, y con él a todos sus votantes.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Rambla Libre, revoca una anterior, de 29 de diciembre de 2.017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 27. El TSJ no sólo echa atrás la «precipitada sentencia», sino que también condena en costas al Ayuntamiento.

El portavoz de ULEG, Carlos Delgado pidió de manera reiterada información sobre el polígono industrial de San José de Valderas. Lo hizo el 28/9/16; 16/11/16; 7/2/17; 16/3/17; 27/3/17. En ninguna de las ocasiones recibió respuesta. Como señala la sentencia, el Ayuntamiento no dio ninguna razón para su falta de respuesta e indica que cualquier negativa o retraso tiene que estar motivado y no puede depender del criterio unilateral del alcalde.

Santiago Llorente con el figurante Francisco Javier Márquez. /Foto: fuenlabradanoticias.com.

La sentencia asume la argumentación de la representación de Carlos Delgado entendiendo que es irracional, ilógico y no se sostiene de ninguna manera que un supuesto problema informático en un ayuntamiento de 190.000 habitantes, más de 150 millones de presupuesto y 1500 trabajadores tenga paralizado un expediente 8 MESES”. Por otra parte, nada dice el Ayuntamiento sobre la posibilidad de acceso al expediente en papel. Si se empezó a cargar informáticamente el expediente el 21 de febrero de 20017, es obvio que con anterioridad a dicha fecha nada impedía el acceso a la información. Y con posterioridad a dicha fecha, dado que nada se ha dicho sobre la eventual destrucción del expediente en papel, habrá de concluirse que no existía obstáculo “justificable” alguno que impidiese su acceso».

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La falta de respeto a las normas legales y a la democracia de la que suelen hacer gala Santiago Llorente y su equipo de Gobierno ha sido desacreditada de manera contundente.