Miguel Sempere.
Según ha podido saber Rambla Libre, el partido Vox tiene decidido y en fase avanzada la presentación de acciones penales contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La formación que lidera Santiago Abascal tendría los fondos para afrontar una acción de ese tipo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña exigió a Vox una fianza de 20.000 euros en la querella por sedición y rebelión contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la Mesa, y mediante la petición de fondos obtuvo más de 40.000 euros.
Los conceptos que está analizando Vox pasan por la dejación de funciones de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, y la complicidad con los sediciosos, al haber permitido, estando intervenidas las cuentas, el desvío de dinero para la organización del referéndum del 1-O.
Según el informe de la Guardia Civil aportado al Tribunal Supremo, el dinero desviado de las cuentas de la Generalitat para la celebración de la consulta asciende a 1.915.067,22 euros. Se da la paradoja que se han adquirido con dinero público las urnas que Policía Nacional y Guardia Civil, trasladadas a Cataluña con fondos del contribuyente, tuvieron que dedicarse a recoger. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha negado que se haya destinado dinero público a la secesión, bajo su responsabilidad, puesto que las cuentas de la Generalitat estaban intervenidas. El juez Pablo Llarena ha pedido explicaciones al Ministerio de Hacienda sobre esas afirmaciones.
Fuentes cercanas a Vox hablan de una gran sintonía entre el juez Pablo Llarena y la acusación popular que en la causa contra los sediciosos sólo ejerce Vox, a través de su secretario general, Javier Ortega. En ese sentido, las posiciones de Vox estarían más cercanas al magistrado que incluso la Fiscalía. Así ésta pidió la libertad del exconsejero de Interior, Joaquim Forn, mientras Vox solicitó que se le mantuviera en prisión, que fue la decisión adoptada por Llarena. «La acusación popular de Vox está sirviendo de gran ayuda a los esfuerzos del magistrado«, señalan fuentes independientes, del Tribunal Supremo.
Vox inició las acciones penales contra Josep Lluis Trapero y los líderes de Omnium Cultural y la ANC. También presentó la denuncia que llevó al registro de la Consejería de Hacienda y a la detención del aparato logístico de la consulta golpista.