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Letizia Ortiz debería ser incapacitada

Redacción




Editorial.

Pasados los primeros compases de la polémica desatada por las hirientes imágenes de la Catedral de Palma tras la Misa de Pascua en las que Letizia Ortiz actúa como una auténtica imbécil irresponsable nos queda constatar que no se trata de materia de crónica rosa sino de cuestión política de importancia. También que estamos ante un personaje indigno e impresentable, incapaz para el cargo que ostenta.

Puesta a funcionar la maquinaria propagandística de Zarzuela, que cada vez resulta menos creíble ante la gran cantidad de mentiras que ha evacuado, insiste en que se trata de mera cuestión de suegra y nuera, y de un exceso de celo de Letizia para preservar la imagen de sus hijas.

https://youtu.be/kphJrmVZ_Bg

Con el primero de los argumentos se trata de remitir a la población a situaciones de normalidad conflictiva, o aquello de que «en todas las familias cuecen habas«, pero se da la circunstancia de que la familia reinante se pretende distinta y por ello cobra del Presupuesto. Si son iguales que los demás –y en muchos aspectos son manifiestamente peores- no tienen ningún derecho a tener una partida presupuestaria.

Es preciso recordar lo que la Constitución establece como función y misión de la Corona: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”. De ese “símbolo de su unidad y permanencia” participan todos los miembros de la familia real de manera analógica y, por supuesto, la reina consorte, por lo que es de gran indignidad mantener divisiones en público y también tenerlas en privado.

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No estamos en un momento de la vida nacional para narcisismos y egolatrías de niñas mimadas y maleducadas, sino para tareas de gentes adultas y esforzadas, que antepongan los intereses de la nación a los suyos propios. Ese es su oficio, para eso se les paga, espléndidamente. Cuando una parte de la población de una parte de la Patria pugna por separarse y se encuentra inmersa en un peligroso proceso de secesión las personas de la familia real han de ser ejemplares y mostrar esa unidad y estabilidad que es lo que se les exige a cambio de una vida de privilegios.

No es cierto que nos encontremos ante un exceso de celo en la protección de sus hijas y de su imagen. Nada de eso hay en que un fotógrafo a sueldo de la familia real haga una foto a la reina emérita con sus nietas. Comunicarse mediante la manipulación y la mentira no resolverá nada. Estamos ante una estúpida actitud de la que ostenta el título de reina de España, más propia de una adolescente sin responsabilidades que de la esposa del Jefe del Estado. Estamos ante una pésima relación entre la reina consorte y la reina emérita que daña no solo a la institución, sino a lo que ella tiene de unidad y estabilidad del Estado. Todos cuantos han conocido y tratado a Letizia Ortiz, desde el colegio, coinciden en que es una persona violenta, agresiva, maleducada e intratable. Resulta difícil imaginar un perfil más inadecuado para una reina de España.

El lamentable espectáculo de la Catedral de Palma no es un hecho aislado, sino la manifestación pública de los malos modos de una persona instalada en la ansiedad y la frustración, que en sus delirios da toda la impresión de pretender sustituir la dinastía Borbón por la Ortiz y que no se lleva mal solo con su suegra, sino con todo el mundo.

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No nos vamos a meter en si un divorcio podría solucionar lo que parece una conducta indigna e irresponsable, porque esa es materia privada en la que no nos toca opinar, pero de persistir en estas actitudes nos encontraríamos en Letizia Ortiz con una persona incapaz de asumir las responsabilidades de su cargo, descentrada, emocionalmente inestable e intelectualmente estúpida, que debería ser relevada de toda responsabilidad en relación con el Estado. Es decir, la figura jurídica de la incapacitación.