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Ilegalizar Arran

Redacción




Editorial.

Que el artículo 155 ha sido aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy sin convicción, sin fortaleza, sin prudencia y de manera vergonzante lo muestra el hecho de que Carles Puigdemont se haya paseado por Europa acompañado de dos mossos, en lo que claramente parece una función de escolta. Que un presunto delincuente golpista que encabeza un proceso sedicioso, y sobre el que pesaba una euroorden de detención, sea acompañado en labores de protección, más allá de la manifiesta complicidad, por dos miembros de las Fuerzas de Seguridad que cobran del contribuyente, es un despropósito de tal calibre que establece posibles responsabilidades penales pero que, al tiempo, deja al Gobierno en el más absoluto ridículo.

La incompetencia y la falta de fuste de Mariano Rajoy ha conseguido que las cosas hayan llegado demasiado lejos y el inquilino de La Moncloa es incapaz de aprender la lección, corregir sus errores y actuar de una vez con ese sentido común que predica tanto porque carece por completo de él.

Ahora se está poniendo en marcha un terrorismo de baja intensidad, una kale borroka, bajo la denominación de Comités de Defensa de la República, CDR, que corta vías de comunicación, se enfrenta a los mossos, limita los derechos de los ciudadanos mediante la violencia y trata de extender un clima de intimidación. Las siglas de ese grupo no son más que una pantalla de Arran, las juventudes de la CUP, que han llegado a tratar de intimidar al juez Pablo Llarena y su familia señalando, como nazis, la que parece ser su segunda vivienda.

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Es preciso cortar este brote cuanto antes, sin vacilaciones. Arran es una organización criminal dedicada al delito y la subversión, que no cumple ninguno de los requisitos para ser legal y cuyos dirigentes deben ser detenidos y puestos ante la Administración de Justicia. No se trata de un juego de adolescentes -sus miembros se reclutan preferentemente en la enseñanza secundaria, entre los 14 y los 18 años- sino de tácticas delictivas puestas en práctica de manera sistemática. Es obligación del Gobierno cumplir y hacer cumplir la Ley. Por esta senda, a Rajoy le va a caer una querella por dejación de funciones.