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Al negocio del maltrato le conviene el asesinato de mujeres y la Ley lo incentiva

Redacción




Redacción

Publicamos un extracto del libro de Enrique de Diego, «¡Derogad la genocida Ley de Violencia de Género!», sólo a la venta en Amazon. La generación de un ingente negocio del maltrato, la multiplicación de las denuncias falsas y la simulación de delitos, la degeneración de los procesos de divorcio en orgías de denuncias de violencia de género, las sentencias injustas de una Justicia de género, corrupta y totalitaria, son factores que se conjuran contra las mujeres realmente maltratadas: el 36,4% de las asesinadas en 2.016 tenían como protección una orden de alejamiento. La Ley, de hecho, incentiva el asesinato de mujeres:

«Un efecto colateral, no menor, es que las mujeres maltratadas –las auténticamente maltratadas, no las psicópatas de género- están cada vez más desprotegidas. La Ley es un desastre sin paliativos incluso en su finalidad aparente. En el año 2.016, el 36,4% de las mujeres asesinadas por sus parejas habían presentado denuncia de violencia de género y contaban con una orden de alejamiento. En el año 2.015, ese porcentaje fue del 21,7. El porcentaje de mujeres realmente maltratadas que acudieron en búsqueda de protección al Estado y en el que éste no cumplió con su misión ni con su compromiso aumentó 14,7 puntos. Es habitual que los responsables estatales justifiquen su fracaso indicando que no se puede poner un policía de escolta a cada mujer maltratada. Más constante aún es que las mujeres asesinadas, manifiestamente desprotegidas, sean utilizadas por las beneficiarias de este nauseabundo negocio para incrementar el festín aduciendo, e incluso bramando, que faltan medios y que es preciso y urgente dedicar más fondos públicos. Hay que avanzar la terrible evidencia de que la Ley Integral de Violencia de Género incentiva el asesinato de mujeres; como un cruel dios pagano se alimenta de la sangre de las mujeres asesinadas, necesita para justificarse que haya muertes; por eso su incremento nunca cuestiona la Ley de Violencia de Género, sino que se presenta como argumento justificador y de reforzamiento.

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«Por supuesto, que las mujeres maltratadas podrían ser protegidas, incluso poniéndoles escolta a cada una de ellas, si los fondos y la protección se destinaran a las mujeres realmente maltratadas. Es el inmenso bosque de las denuncias falsas el que no deja ver los árboles de las mujeres maltratadas; es la conversión desde los despachos de abogadas feministas de cualquier disputa sobre divorcio, reparto de bienes y custodia de los hijos en orgías de denuncias falsas de violencia de género lo que favorece sobremanera la desprotección de las mujeres maltratadas. El dato es terrible pero clarificador. Si en 2016 se hubiese mantenido la misma tasa de “asesinadas que habían denunciado” del 2015, las víctimas mortales hubiesen sido nueve menos, 35 y no 44.

El asesinato de mujeres está incentivado económicamente

En el voraz afán por generar un suculento negocio del maltrato –recordemos que el dinero repartido desde 2.004 alcanza la descomunal cifra de 65.000 mil millones de euros- el asesinato de mujeres está incentivado económicamente, está subvencionado.

De los criterios de distribución de la ayuda, el 66,5% se reparte atendiendo a diversos criterios que se consideran indicadores de la incidencia de la violencia de género:

  1. Número de denuncias interpuestas por mujeres contra sus parejas o exparejas por delitos relacionados con violencia de género. Al margen de que esas denuncias sean ciertas o falsas, lo que representa un incentivo a la proliferación irrestricta de denuncias falsas.
  2. Número de mujeres que se declaran maltratadas. Al margen de que realmente lo sean, lo que es un incentivo añadido a las denuncias falsas.
  3. Número de mujeres muertas a manos de su pareja.
  4. Relación entre el número de centros de atención y acogida a mujeres maltratadas.
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El otro 33,5% atiende a criterios vinculados con valores demográficos: población relativa de mujeres, dispersión de la población en el territorio.

Si nos fijamos en el número 3, las autonomías reciben ayudas con respecto al número de mujeres muertas a manos de su pareja. Cuantas más mujeres son asesinadas en una autonomía, más fondos de ayuda recibe esa autonomía. No se precisa ser un experto en la escuela de las expectativas racionales o en la de la elección pública para, con meros conocimientos rutinarios, percibir que se trata de un incentivo al asesinato. Toda la industria del mal trato está interesada en que en su ámbito territorial haya el mayor número de asesinatos y que estos sean crecientes, pues en la misma proporción se incrementa el botín económico a repartir. Si se quisiera reducir o erradicar los asesinatos por violencia de género, el criterio de reparto sería inverso: o por el menor número de muertes o en relación directa y proporcional con su descenso. Se incentivaría su reducción y no su aumento».