Miguel Sempere.
En el Partido Popular se ha abierto la veda y la omertá es cosa del pasado. Ahora está funcionando el ventilador a toda marcha. Primero fue Ricardo Costa y ahora, voluntariamente, Francisco Granados quien confirma que hubo caja B en el Partido Popular, financiación irregular, en dos campañas electorales, que la controlaba Ignacio González y que Esperanza Aguirre no era sólo la beneficiaria política sino que también la supervisaba, con la ayuda en el control tanto político como territorial de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
El PP acudía dopado a las elecciones porque «había una campaña paralela» que llevaba Ignacio Gonzáles con una estructura específica, que pasaba por la directora de comunicación, Isabel Gallego y el exconsejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola.
Granados ha tenido especial interés en sembrar dudas sobre Cristina Cifuentes, de la que ha descrito que tenía una «buena relación» con Ignacio González, hasta que se produjo una «ruptura sentimental» entre ambos. En la campaña de 2.011, de la que ha ofrecido más detalles, él se encargaba de los fondos blancos y González de los en negro, centrándose en promocionarse como delfín de Esperanza Aguirre que ya estaba de «salida«.
González controlaba la empresa pública de suelo, Arpegio y los planes Prisma, y González, siempre con la supervisión de Esperanza Aguirre, que se encargó de la colocación de los cargos intermedios encargados de la recaudación, entre los que se contaba Jaime González Taboada, número tres de Cristina Cifuentes, hasta su dimisión hace meses. «Los nombramientos en la Comunidad de Madrid eran exclusivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, y no necesariamente por ese orden«.