Josep Sansano.
A raíz de una denuncia del Partido Popular, la Fiscalía de Valencia, en decisión firmada por la fiscal jefe Teresa Gisbert, ha abierto diligencias previas contra Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat. La denuncia hace referencia a fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Se trata de pagos por la vía de enriquecimiento injusto que sumarían 43,7 millones de euros.
El PP considera que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y pide el interrogatorio de los funcionarios de la Intervención de la Generalitat que han fiscalizado los acuerdos objeto de los hechos y de quienes han tenido participación directa en ellos, entre ellos de la propia vicepresidenta y el resto de miembros del Gobierno valenciano presentes en los plenos del Consell que autorizaron pagos por enriquecimiento injusto relativos a servicios prestados por la Conselleria de Igualdad.En concreto, la denuncia hace referencia a contratos de la Conselleria de Igualdad en los que el PP aprecia “fraccionamiento ilegal para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores, así como la fiscalización por los órganos de intervención”.
Asimismo, considera que existió “recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto para evitar cualquier tipo de contratación administrativa, así como para eludir toda fiscalización por parte de la Intervención».
Según el PP, el continuado fraccionamiento del objeto de contratos administrativos es “práctica constante de la Conselleria” de Oltra y así ha sido “sistemáticamente” puesto de manifiesto por la Intervención de la Generalitat. En esta línea, asegura que reiteradamente se ha contratado “por pequeños períodos y con la mismas empresas de servicios tales como el de limpieza de distintos centros sociales” siempre por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros) pero fraccionados “en claro fraude de ley”.
Asimismo, señala que Oltra ha acordado el reconocimiento de la obligación de pago en vía de enriquecimiento injusto a mercantiles de habitual contratación de su departamento hasta sumar 43,7 millones de euros y lo ejemplifica con 16 expedientes con importes que oscilan entre los 369.830 euros hasta los 7,8 millones, que han sido autorizados por el Consell en distintas sesiones plenarias.
El PP, que califica de “verdaderamente escandaloso” el importe, dice en su denuncia que en este caso “se priva a la Intervención de la Generalitat de la fiscalización de los contratos al no haber existido”. Este hecho ha supuesto un “menoscabo a la Hacienda Pública” y un “coste mucho mayor para la administración de la Generalitat”.
Por su parte, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas han recalcado que “ninguno de los expedientes puede ser aprobado con informe negativo por la Intervención, dado que sin el informe favorable del órgano fiscalizador de la Generalitat ni se contabiliza, ni se paga”. También han aseverado que es “falso que la vía del enriquecimiento injusto eluda la fiscalización porque pasan por la Intervención General”.
“Los resarcimientos que se han tramitado –precisan– son por servicios que han acabado contrato y no ha dado tiempo a tramitar uno nuevo, por lo que las empresas que resultaron adjudicatarias en concurso público y en concurrencia continúan prestando el servicio. Los servicios esenciales necesitan seguir siendo prestados porque se trata de atención a personas”.