Miguel Sempere.
Frenar la inmigración no es de extremaderecha, es la obligación de todo Gobierno para defender sus fronteras de toda invasión, incluida la que se presenta con ribetes humanitarios, que no está trayendo más que conflictos. No puede haber inmigración ilegal porque es precisamente ilegal y todo Estado de Derecho ha de hacer cumplir las leyes.
Esta semana el centrista Emmanuel Macron y la conservadora Theresa May han acordado «fortalecer la gestión conjunta de nuestra frontera«. Reino Unido destinará 44,5 millones de euros adicionales a blindar su frontera en Calais, instalando nuevas vallas en zonas costeras, cámaras de circuito cerrado y tecnología para blindar Calais.
Macron, que se presentó como el freno a la ascensión de la extremaderecha de Marine Le Pen, se ha comprometido a combatir con dureza la inmigración ilegal.
El motivo de esta actitud no es sólo el incremento en votos del Frente Nacional francés, Alternativa por Alemania y el FPÖ austriaco, ni la firma postura contra la inmigración, especialmente la musulmana, de Hungría, Polonia, República Checa, sino por los evidentes desastres que las políticas condescendientes y de fronteras abiertas han traído. Macron lo pudo comprobar esta semana en su visita a Calais. Francia es hoy una sociedad insegura, donde en algunos banlieus la Policía es agredida y donde los judíos están volviendo a ser perseguidos.
Frenar la inmigración es el nuevo consenso europeo al que los burócratas de Bruselas se resisten. En España, ninguno de los partidos parlamentarios parece dispuesto a hacer cumplir las leyes sobre inmigración. Ciudadanos es tanto o más partidario de la política suicida sin fronteras que Podemos. Albert Rivera debería empezar a copiar a Macron.