Yolanda Cabezuelo Arenas.
Nadie en el partido judicial de Granada cree que la petición del Ministerio Fiscal de 5 años de prisión para Juana Rivas por sustracción de menores llegue a buen término. El caso de la madre de Maracena se encuentra respaldado por importantes intereses políticos; de hecho, según fuentes del partido judicial, es la Junta de Andalucía quien proporciona la actual representación legal de Juana Rivas: un prestigioso bufete de abogados de Sevilla cuyos letrados, José Estanislao López Gutiérrez y Juan de Dios Ramírez Sarrión, acaban de presentar ante el juzgado que por turno corresponda una demanda contra Francesco Arcuri.
De Rivas “Nadie cree que entre en prisión… sobre todo por la táctica procesal que están utilizando los abogados de Juana”. Esta táctica no es otra que dar el golpe de gracia a la reputación de Francesco Arcuri, y sumar a la campaña de descrédito orquestada contra el mismo un argumento más para mostrarlo no ya como maltratador, sino como delincuente. Se trata de una querella penal presentada a principios de esta semana ante el juzgado que corresponda por turno de oficio, en la que directamente acusan al italiano de falsedad en documento público.
Según Rivas, su ex marido habría hecho pasar por italianos a los menores cometiendo irregularidades al presentar la documentación de éstos. Se da la circunstancia de que toda la documentación relativa a los niños fue examinada en su día por Doña Carmen Siles Ortega, jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, conocida por el desempeño pulcro y estricto de sus funciones; se puede estar seguro de que, de haber existido falsedad documental, no habría pasado inadvertida al filtro insobornable de la jueza.
Doña Carmen Siles Ortega fue quien recibió el aluvión de críticas este verano por la presión mediática del caso Rivas, por entender -como era lógico- que debía ejecutarse la sentencia que obligaba a la restitución de los menores a su padre. Como parte de la estrategia de manipulación mediática se la llegó a acusar públicamente de querer dar carpetazo al caso para irse de vacaciones, pasando por alto el detalle de que agosto es un mes judicialmente inhábil. La jueza habilitó el mes de agosto para acelerar el procedimiento, cosa que no le agradeció nadie.
Sobre la legitimidad de Francesco Arcuri no cabe duda alguna; tanto es así que en todo momento ha estado acompañado en sus actuaciones por el embajador de Italia, del que también cabe esperar celo al revisar la documentación que acreditara la nacionalidad de los niños antes de comprometerse a prestar este apoyo.
Se entiende que la nacionalidad de los niños está fuera de discusión. Para designarla se tiene en cuenta el Ius Soli y el Ius Sanguini, o sea: el lugar de nacimiento y la procedencia de los padres. ¿Qué país es el competente? Aquél donde residen los menores, o aquél en el que se situara el último domicilio conyugal. En el procedimiento de Familia lo que la jueza ordenaba era la restitución de los niños al padre; y ello porque los niños residían en Italia desde el año 2013 -el menor desde su nacimiento-, y están sujetos a las normas italianas y a las del derecho internacional.
Sobre la querella comentan “No entiendo qué documentación van a aportar para basarse en la falsedad”. Probablemente ninguna. No es presumible que la querella penal prospere en absoluto, pero al menos habrá cumplido la función de ensuciar el nombre y la reputación del padre de los niños, que parece ser el objetivo principal de Juana Rivas.
Juana Rivas cambia en privado y se conduce de manera prepotente
Un testigo presencial refiere haberse sorprendido con los cambios de actitud de Juana Rivas cuando no están presentes las cámaras. Por lo visto se conduce de forma “prepotente” incluso en el trato a los funcionarios públicos del juzgado, para acto seguido salir y “arrojarse en brazos de Paqui Granados hecha un mar de lágrimas”. El llanto público, tan criticado por poco creíble, ha cedido el paso a una actitud más parecida a la que describen quienes han tratado con ella al margen de los medios, actitud de la que ha hecho gala en sus últimas apariciones públicas.
“Esto parece más una cuestión personal, un interés de echar por tierra al marido, que la preocupación de una madre por sus hijos”. Realmente Arcuri no ha hecho lo mismo con su ex mujer; ni siquiera en una conversación privada que mantuvimos en la que podría haberse explayado hizo el más mínimo comentario negativo sobre la madre de sus hijos. Tampoco quiere convertirse en víctima, ni en abanderado de ninguna causa. Únicamente lamenta el trato recibido por los medios españoles por denigrante e injusto. “No hay justificación a lo que hicieron”.
Pero el problema es que si la hay. El caso de Juana Rivas sirve, como decía al principio de este artículo, a importantes intereses políticos que sacan partido de la LVG, una ley que propicia el abuso, y que algunas mujeres sin escrúpulos aprovechan para obtener beneficios y/o para llevar a cabo venganzas personales, como la que parece interesar en este caso.
Aunque la querella no prospere, incluso aunque no llegue a ser admitida a trámite, Juana Rivas habrá cumplido su objetivo porque en este caso el daño se produce en los medios, y no con la resolución de los procedimientos.